El polémico director general de la función pública de la Junta ofrece clases de “ética y deontología”
El director general de la Función Pública de la Junta de Comunidades, Juan Manuel de la Fuente, ha firmado la convocatoria un original Máster en “Ética y Deontología de los Servidores Públicos: Principios Fundamentales en la Dirección Pública”, que se impartirá en la Escuela de Administración regional al personal al servicio de la administración que así lo desee, dentro del programa de formación.
Según la convocatoria el Máster “tiene como objetivo el análisis de la dimensión ética del trabajo profesional y más concretamente, de los deberes morales de los servidores públicos”.
El argumento es que cuando una persona adquiere la condición de empleado público u ostenta un cargo político, junto a las obligaciones jurídicas regladas, propias de su cargo, “contrae también una responsabilidad moral frente a los ciudadanos. Así, incumplir las normas jurídicas puede constituir una infracción administrativa, una falta o un delito, pero con dicha acción, al mismo tiempo, se defraudan las expectativas de los ciudadanos, incurriendo además en una responsabilidad moral y/o política.”
El Máster pretende así proporcionar a estos servidores públicos los conocimientos y herramientas para “una reflexión ética de sus actuaciones, que demuestre que junto a las conductas jurídicas es absolutamente indispensable una conducta deontológica compatible con la ética pública.”
El contenido del curso, que se realizará a distancia, incide en los conceptos de ética, tipologías de ética y moral, los códigos deontológicos o la corrupción.
La polémica alrededor del Director General
El director general de Función Pública de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Manuel de la Fuente, será probablemente invitado por los representantes de los trabajadores de la Junta a cursar el Máster que convoca, dado el polémico papel que viene desempeñando. Por ejemplo en el conflicto con los conductores por el Plan de Recursos Humanos, temporalmente paralizado, que pretendía destinar la mitad de la plantilla a funciones que nada tienen que ver con su capacitación, pese a haber accedido a dichos puestos por oposición, mientras paralelamente se convocaban una treintena de plazas de conductores por el procedimiento de “libre designación”.
Como se recordará el político toledano proporcionó también los principales argumentos para que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declararan nulos los despidos de interinos, al considerar que no existió negociación alguna, ya que en la Mesa donde se discutió la propuesta el director general se caracterizó por una actitud autoritaria y displicente, según fuentes sindicales, en la que manifestó reiteradamente que “sobraba gente”. Buena prueba de que la reunión se redujo “a un mero papel pasivo cuya única opción consistía en aceptar o rechazar la modificación propuesta”, como manifestó el Fiscal del caso, es que la Orden de los despidos se colgó en la red de la Junta alrededor de las 15:30 h. de la tarde, según el “sello de tiempo”, durante el receso de la comida en la Mesa de negociación.
El propio De la Fuente reconoció en la vista celebrada en julio de 2013, y que dio lugar a la sentencia de anulación, que la Orden de despido de los interinos estaba redactada y firmada “probablemente una semana antes” de sentarse a negociar. E incluso lo justificó porque “es habitual que las órdenes se redacten antes. Nos interesaba muchísimo no tener a 400 interinos alrededor de la consejería y por eso no queríamos agotar todos los plazos, porque los actos administrativos se iban a producir. Eso es lo que teníamos planificado”.
De la Fuente fue concejal del Ayuntamiento de Toledo y por su gestión relacionada con el Personal en dicha administración el Tribunal de Cuentas inició en 2013 un procedimiento de responsabilidad contable por haber incumplido dos sentencias del Tribunal Supremo que anularon los convenios colectivos, pese a lo cual siguió ordenando el pago de aquellos gastos declarados ilegales.