Ni el PSOE quiere expropiar cualquier tierra ni Podemos viviendas: el bulo al que se aferra el PP en Castilla-La Mancha

Para el PP, todos quieren expropiar. Tierras y viviendas. El argumento es constante en este partido desde que el Gobierno socialista de Emiliano García-Page anunció el anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar, ya aprobado. Y se hizo más fuerte cuando Podemos anunció sus políticas para fomentar la vivienda asequible en la comunidad autónoma. En ambos casos no ha dejado de repetirlo y más aún cuando se acerca la campaña electoral para el 28M: los socialistas quieren quitarle tierras a la gente y la formación morada quiere hacer lo mismo con las viviendas. Pero, ¿esto es realmente así?

Tanto el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Francisco Núñez, como su número dos en el partido, Carolina Agudo, y todos los candidatos provinciales y locales, se han aferrado a la “expropiación de tierras” que, según afirman, se contempla en la nueva normativa agraria. De hecho, en el partido consideran que esta nueva ley está “sometida a la dictadura” de Emiliano García-Page y a su política “podemita” y que, por tanto, si gobiernan, derogarán esta ley.

La nueva Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha se aprobó en las Cortes regionales a finales de marzo con los votos en contra del PP y Ciudadanos, que pidieron su retirada. Se trata de un nuevo texto cuyo objetivo es el emprendimiento en el campo a través de las pequeñas y medianas explotaciones, contra el modelo de “uberización”, el de las multinacionales y los fondos de inversión que viene rechazando el Gobierno regional en las dos últimas legislaturas.

El texto define dos figuras importantes como son las zonas de protección agraria y los bancos de tierras, pactadas con las organizaciones profesionales para poner a ser productivos suelos que actualmente no lo son.

Lo que dice sobre la expropiación se encuentra en la parte que regula la cesión de uso del suelo agrario “infrautilizado” al nuevo Banco de Tierras Disponibles de Castilla-La Mancha. En este caso, establece que la Consejería de Agricultura “podrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización”. Y asimismo agrega que se considerará incumplida esta función social si esa parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado durante dos años consecutivos. Es decir, puede pertenecer a alguien, pero ya no se utiliza.

Esto no es una ley expropiatoria y no habla en ningún momento de incautar nada

Decir, por tanto que el Gobierno regional quiere expropiar es “decir mucha mentira, mucha crispación y mucho bulo, que es más peligroso”. “Esto no es una ley expropiatoria y no habla en ningún momento de incautar nada”, defiende la diputada socialista Joaquina Saiz.

Lo más significativo no es únicamente el matiz (que la expropiación forzosa se daría en determinados casos muy puntuales) sino que además se recoge del mismo modo en la Ley Agraria de Castilla y León, donde gobierna el PP junto con Vox. En este caso existe un mismo epígrafe - el artículo 86- sobre la cesión de uso, donde también la Consejería puede acordar que una tierra está infrautilizada.

En el caso castellanoleonés la figura sobre la cesión de uso tiene otro nombre -Fondo de Tierras Disponibles-, pero el resto de la redacción de la ley es prácticamente el mismo: si se considera incumplida la función social del uso de la tierra, habrá un “expediente expropiatorio”, es decir, el inicio de los trámites para la privación de uso. Y eso es, como en el caso de Castilla-La Mancha, si ha permanecido infrautilizada dos años consecutivos.

La pregunta es obligada: si el PP considera que esta ley es “digna de los podemitas y los comunistas más recalcitrantes” y Page hace política “como la hacía el dictador comunista Hugo Chávez con las compañías agrícolas españolas ”, ¿es también chavista y podemita el Gobierno de Castilla y León? Este es un argumento que los socialistas castellanomanchegos han utilizado no solo para defender su nueva ley sino también para que el PP “deje de repetir tanta mentira”.

Pero el partido de la oposición, lejos de rendirse, ha añadido un nuevo ‘peligro expropiatorio’ a los argumentos que utiliza para conseguir votos: según dice, Podemos también quiere expropiar, pero en su caso, son viviendas. Esta última acusación es más enrevesada porque mezcla una propuesta nueva de la formación morada en Castilla-La Mancha con la recién aprobada Ley estatal de Vivienda. En ninguno de los dos casos se expropian viviendas.

Concretamente, Unidas Podemos ha presentado una medida urgente  para Castilla-La Mancha que busca “garantizar” un alquiler a partir de 50 euros para familias y personas jóvenes de la región. Esta medida llegaría a unas 581.000 personas, de entre 15 y 39 años y al 45% de los hogares de la comunidad autónoma. La medida se llevaría a cabo a través de una “inmobiliaria pública” que ofrecería todo el parque público de viviendas existentes. Los alquileres irían de 50 euros hasta los 200 euros al mes, y variaría en función de los ingresos.

Un protocolo que no es una expropiación

Al igual que a nivel estatal, ni Podemos ni Izquierda Unida quieren expropiar. Tampoco lo contempla así la nueva Ley de Vivienda, que incluye un procedimiento de mediación en casos de desalojo de viviendas habituales de ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y solo en inmuebles de grandes tenedores. Es decir, establece un protocolo de actuación en los casos de ocupaciones irregulares de viviendas que no supone la política expropiatoria de la que habla el PP.

La normativa que regula expropiación forzosa en España data de 1954. Se redactó en plena dictadura franquista. Es una de las pocas que no han sido renovadas desde la Constitución de 1978, pese que se trata una normativa transversal que afecta a otras muchas.

En la misma se establece que el objeto de la expropiación puede ser la propiedad privada y los derechos o intereses patrimoniales legítimos pero “no se pueden expropiar los derechos personales o familiares, ni los bienes demaniales o de dominio público”.