Los propietarios de La Sagra-Torrijos comenzarán a recibir la devolución del canon cobrado indebidamente por la CHT

Los propietarios de tierras agrícolas de la zona regable de La Sagra-Torrijos comenzarán próximamente a recibir la devolución del canon que la Confederación de Hidrográfica del Tajo (CHT) les cobró en el año 2010, ejecutándose así las sentencias judiciales que lo anulan. Dicho canon se justificaba para recuperar los costes de la red primaria de riego y oscila en torno a los 300 euros por hectárea y año, tanto si se riega efectivamente como si no. En años sucesivos se han producido nuevas liquidaciones que también se han recurrido y sobre las que se espera que recaigan sentencias anulatorias.

Este colectivo realizó manifestaciones en Toledo en marzo pasado para denunciar la situación “crítica” que padecen, ante la reclamación por parte de la administración del pago de unas infraestructuras que consideran ya obsoletas y para un regadío “económicamente inviable y medioambientalmente desaconsejable”, según ha advertido la Unión de Uniones de Agricultores de Castilla-La Mancha.

Origen del conflicto

El origen del problema está en el retraso que se ha producido desde que en 1979 se aprobase por el Estado la declaración como obra de Interés Nacional y después, en 1985, el Plan General de Transformación para un total de 28.211 hectáreas. A partir de ese momento los propietarios debieron manifestar su compromiso de puesta en riego, cuando se dispusiese de la infraestructura, o bien acceder a la expropiación de sus tierras. Se preveía entonces la entrega de las obras de conducción principal para diez años después, plazo que se sobrepasó hasta el doble, lo que hizo que muchos de sus potenciales usuarios hubieran abandonado ya la actividad agrícola.

Finalmente se declararon sólo 3.865 hectáreas de superficie útil para el riego en los municipios toledanos de Olías, Mocejón, Magán, Bargas y Cabañas de la Sagra, de las cuales únicamente se riegan realmente una mínima parte a día de hoy, menos de 700 hectáreas, dedicadas a cultivos hortícolas (tomate, cebolla y pimiento) y ello aunque no disponen de concesión de aguas. De hecho en uno de los dos sectores en que se divide la zona, que ocupa los términos de Magán y Mocejón, ni siquiera se puede regar porque las redes están inutilizadas y obsoletas. En el otro sector sólo se pudo empezar a regar en 2005, aunque hasta 2010 se estuvieron realizando reparaciones en la red secundaria por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que es la administración responsable de la misma.

Inviabilidad del regadío

A principios de 2011 los propietarios, tanto si regaban como si no, comenzaron a recibir las liquidaciones del canon por parte de la CHT, que decidieron recurrir.

El presidente de la Comunidad de Regantes de La Sagra-Torrijos, Jaime Cid, considera “inasumibles” los costes que tienen que pagar por los costes de construcción y mantenimiento de unas infraestructuras en muchas ocasiones ya obsoletas y deterioradas por la falta de uso. Según sus estimaciones el gasto por hectárea para regar llegaría a los 1.100 euros, teniendo en cuenta el canon de Confederación, el coste de la electricidad y el mantenimiento de la red secundaria que, por ahora, la Junta no les está cobrando.

Cid se queja de que los ingresos por las ventas no compensan y descarta usar la tierra de regadío para cereal porque sale más rentable usar el secano, sin los costes de riego. “Teníamos buenos secanos y los hemos convertido en malos regadíos”, concluye, mientras reclama a las administraciones que les ayuden a evitar la quiebra.

Para la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que apoyan a estos propietarios, es evidente que la realidad agrícola, hidrológica y medioambiental de la zona ha cambiado desde que se hicieron los estudios de viabilidad del regadío.

Ahora mismo el riego es ruinoso, pero la declaración de “Interés Nacional” obliga a que las superficies sean regadas pues, en caso contrario, pueden ser expropiadas. Algunos agricultores han llegado incluso a plantearlo voluntariamente.

Pero además de la inviabilidad económica la Unión apunta a las limitaciones ambientales, ya que una parte de la superficie regable coincide con la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) Esteparia de la Margen Derecha del Río Guadarrama, con especies que desenvuelven en las llanuras y cultivos de secano y no en el regadío. La zona entra también en la Zona Vulnerable a Contaminación por Nitratos “Madrid-Talavera-Tiétar”, por lo que la fertilización de cultivos está sometida a restricciones. Finalmente la disponibilidad de recursos hídricos, procedentes del Tajo, no permitiría asegurar el abastecimiento sobre todo en años secos.

Buscar soluciones

Más allá de las decisiones judiciales, tanto los pocos que riegan, como la mayoría que no lo hace coinciden en que es necesario encontrar una solución permanente, en un caso para reducir los costes de la explotación y en el otro para que no se les cobre si no riegan.

Los afectados, que incluyen a los herederos de las tierras aunque ya no se dediquen a la agricultura, proponen un plan de viabilidad que permita hacer frente al canon de riego en cantidades, condiciones y plazos asumibles, o bien transferir los derechos a otras zonas de regadío, sin descartar que se revise el “Interés Nacional” de un regadío que no ha podido llevarse a término.

Sin bien han podido ya dialogar con el Ministerio de Agricultura, reprochan a la Junta y en especial a la Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que no haya respondido a sus peticiones para mantener una reunión y por ello continuarán sus movilizaciones.