Protocolos, ratios o presencialidad: la situación de la pandemia agita la vuelta a clase en Castilla-La Mancha

Según la ONU, en abril de 2020 cerca de 1.600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela en todo el planeta como medida de prevención ante la expansión de la COVID-19. Se trata de una situación que, dice la organización internacional, “altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados”. Casi medio año después, alrededor de 450.000 alumnos y profesores de Castilla-La Mancha se preparan para un regreso a las aulas marcado por la incertidumbre de una pandemia que está azotando a muchos territorios del país con el incremento de contagios.

El pasado mes de junio, el Gobierno puso a disposición de las CCAA la guía de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para los centros educativos (elaborada por los ministerios de Educación y FP y Sanidad) para facilitar el diseño de los planes de contingencia de los centros educativos para una vuelta a las aulas segura. Un mes más tarde, la Consejería de Educación publicó una resolución en la que dictaba instrucciones sobre las medidas educativas y organizativas para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 teniendo en cuenta tres posibles escenarios en función de la evolución de la pandemia.

Y este mismo miércoles, también la Consejería presentaba a las organizaciones sindicales una guía “sanitaria-educativa” que terminará de perfilarse tras la conferencia sectorial que mantienen este jueves los ministerios de Educación y FP y Sanidad con las comunidades autónomas, un encuentro auspiciado por la petición de las autonomías -que ostenta las competencias delegadas en educación- de una mayor coordinación estatal, mientras algunas de ellas están tomando medidas dispares, y las reclamaciones de la comunidad educativa de un retorno seguro a las aulas tras un mes en el que se han disparado los contagios en la región.

La presencialidad, semipresencialidad o modalidad 'on line' es una de las cuestiones principales que se debaten a menos de dos semanas de que arranque el nuevo curso escolar, así como los protocolos a seguir en caso de detectar posibles contagios en las aulas, la ratio (número de alumnos por aula) adecuada en esta excepcional situación de pandemia -y que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recomendaba establecer en un máximo de entre 15 y 20 alumnos-, la contratación de más profesorado, un plan de digitalización o medidas que permitan a las madres o padres cuidar a sus hijos en posibles cuarentenas.

En este sentido, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, anunciaba la aprobación en el Consejo de Gobierno de este próximo viernes de una inversión de 16 millones en digitalización de aulas y una nueva plataforma que mejore al programa Papás. El mismo día, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, intervendrá en el Pleno de las Cortes regionales para dilucidar muchas de las dudas que aún transmiten las organizaciones sindicales y que confían que comiencen a aclararse tras la conferencia sectorial de este mismo jueves.

¿Qué opinan los sindicatos del retorno a las aulas?

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, indica a este medio que la idea del sindicato es que el curso comience de la forma “más presencial y segura posible”. No obstante, matiza que podría plantearse “semipresencialidades a partir de un determinado curso escolar”. “No se puede hacer una incorporación presencial a coste cero, hay que invertir en educación”, recalca Gómez, que cree que “hay que buscar espacios pero sobre todo hay que contratar más profesorado para que las aulas se puedan dividir”.

La responsable sindical apunta como otro de las cuestiones a valorar el “qué pasará cuando los docentes que no teniendo COVID tengan que estar confinados por prevención” tras posibles brotes en las aulas. “¿Y qué pasará con las madres y padres que tengan un hijo en casa y tengas que quedarse con él?”, cuestiona también Gómez, que subraya que son las autoridades sanitarias las que tienen que marcar “si hay presenciabilidad, semipresencialidad o un confinamiento”.

De su lado, Manuel Amigo, responsable del sector Enseñanza de FeSP UGT en Castilla-La Mancha, considera que “si el nivel de contagios está descontrolado es prácticamente imposible abrir los centros”. Por ello, exigen a las autoridades “controlar la pandemia” y “una vez hecho eso, abrir los centros con medidas, no como pretenden hacerlo ahora”. “Hace falta bajar las ratios, grupos más pequeños para poderlo controlar y para eso hace falta más profesorado y más medios tecnológicos por si hay que volver a cerrar algunas aulas, así como formación”.

En este sentido, desde UGT verían adecuado retrasar el inicio de curso previsto para el 7 de septiembre ya que “si la pandemia no se controla es imposible tener unas actividades normales”. “Vamos a controlar esto, a bajar la curva y cuando eso esté hecho abrimos pero con medidas”. Respecto al número de profesores de apoyo que requerirían los centros para desdoblar grupos y contar con unas ratios de entre 15 y 20 alumnos, Amigo subraya que “harían falta muchos más de los 1.500 profesores” de apoyo que plantea contratar el Gobierno castellanomanchego.

Por su parte, José Antornio Ranz, presidente del Sector Educación de CSIF en Castilla-La Mancha, señala que su sindicato apuesta “por una vuelta segura a las aulas de toda la comunidad educativa”. “Para eso eso hay que establecer varias líneas concretas: la contratación de más profesores, bajar el número de alumnos por aula, buscar nuevos espacios, dotar de responsables sanitarios a los centros o de más personal de limpieza”, apunta Ranz al tiempo que indica que espera conocer en la primera semana de septiembre “si el esfuerzo para contratar más docentes se va a plasmar” ya que hasta ahora “en las adjudicaciones de interinos solo había 113 profesores de apoyo” más.

Asimismo, el representante de CSIF subraya que “urge” que la nueva plataforma Papas “sea dinámica, no solo para que los docentes puedan comunicarse con las familias sino también por si vamos a escenarios de semipresencialidad o confinamiento total”. “Esa inversión es muy importante, pero también lo es formar a los docentes -en su uso- ya que muchos de ellos no están familiarizados” con la educación 'on line'. “Es el Ministerio de Educación el que debe liderar la vuelta a las aulas. Es hora de que asuma su responsabilidad. Debe decir cómo actuar y luego que cada Consejería lo adapte”, recalca sobre la conferencia sectorial en las que se dirime el retorno a las aulas.

El presidente de ANPE Castilla-La Mancha, Ramón Izquierdo, destaca tras la reunión mantenida este miércoles entre los sindicatos y la Consejería de Educación que aunque se trabaja por “la presencialidad, no se descarta la semipresencialidad en cursos más altos a partir de 3º de la ESO”. ANPE, dice, aboga por la incorporación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos ya que es “fundamental a la hora de una detección rápida” de posibles contagios y así facilitar “la toma de medidas adecuadas”. 

“Estamos planteando que las medidas que están mandatando las autoridades sanitarias se trasladen a los centros. Si hay que estar a metro y medio o si en grupos de familiares no podemos estar más de diez personas no podemos tener a 25 alumnos en clase”, asevera Izquierdo, que recuerda también “las seis limpiezas mínimas” de los aseos que marcan las autoridades sanitarias como otra de las medidas adoptar . “Queremos más claridad”, insiste el representante de ANPE.

De su lado, Sara Merino, portavoz de STE-CLM, afirma que el sindicato está “descontento” con la gestión que se ha realizado hasta ahora para el comienzo del curso escolar. Reforzar plantillas, bajar ratios y establecer un protocolo “ágil” son también algunas de sus reclamaciones para solventar “la incertidumbre y aportar seguridad a las familias y a los docentes”. También consideran imprescindible contar con equipos sanitarios exclusivos para los centros educativos de intervención rápida, así como especial protección para embarazadas, personas vulnerables e interinos con COVID “a los que se les debe asegurar sus vacantes y excedencias voluntarias para conciliar la atención de personas vulnerables”.

Sobre las ratios, STE expone que “el límite ya no lo marcan ni los sindicatos ni cualquier teoría pedagógica, sino las recomendaciones sanitarias”, por lo que exigen que “los planes de contingencia con los que se tienen que dotar todos los centros educativos de la región, y en los que se deben incluir las modificaciones organizativas necesarias para mantener unas condiciones seguras, estén elaborados y revisados por técnicos de prevención de riesgos laborales, sin hacer recaer dicha responsabilidad en los equipos directivos”. Además, instan a regular la docencia semipresencial y a distancia con tal de “asegurar el derecho a la educación y los derechos laborales del profesorado”.