Apoyo social a los ocho activistas de la PAH que irán a juicio por intentar frenar un desahucio

Manifestación de apoyo a los ocho activistas

Se acerca la fecha del juicio de las ocho personas activistas que fueron detenidas en una sucursal bancaria de CaixaBank de Cabanillas del Campo por intentar frenar un desahucio en diciembre de 2017. Será el próximo 30 de noviembre y, de forma previa, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) ha organizado una concentración de apoyo a los ya conocidos como #Los8deCaixabank. De cara a esta protesta han recibido el apoyo de sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales de Guadalajara y del Corredor del Henares.

Aparte de los grandes sindicatos, Podemos, Izquierda Unida o la Intersindical han suscrito un manifiesto de apoyo a estas ocho personas, para las que la entidad bancaria, como acusación particular, solicita penas de prisión por una protesta pacífica en el interior de una sucursal.

La concentración se ha realizado a las 12.00 horas frente a la sede central de la entidad en la Plaza del Jardinillo de Guadalajara. En ella, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha leído un manifiesto en el que señalan que “las acciones de la PAH siempre han tenido como principio la no violencia y la resistencia pasiva como forma de señalamiento de los culpables, y de visibilizar las situaciones de maltrato que las entidades bancarias y fondos buitre con la connivencia de la justicia provocan a las familias más vulnerables”. 

“Si se diese la misma situación a día de hoy, todas y cada una de nosotras volveríamos a repetir la misma acción, no nos arrepentimos. Que lo que el día 30 de noviembre va a ocurrir en la sala de lo penal nº1 de Guadalajara tiene más que ver con un circo orquestado para acallar las protestas y el señalamiento de los que a día de hoy siguen generando el empobrecimiento y en ocasiones la muerte de las personas que se encuentran en una situación más precaria”, han agregado en este manifiesto.

Asimismo, consideran que la detención de las personas activistas fue “forzada por la Subdelegación del Gobierno” y que “el proceso de detención fue ilegal”. Además, llegan a afirmar que “Caixabank ha eliminado pruebas que certificarían que la acción no fue violenta, que se ha dilatado el proceso para silenciar a la calle y para provocar en las juzgadas una situación de inseguridad jurídica y de paralización de sus vidas pendientes de una sentencia”.

“Si fuera necesario, llegaremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender nuestra inocencia y el derecho a la protesta; y así poder seguir visibilizando y señalando el jugoso negocio que bancos y fondos buitre tienen montado a cargo de la pobreza y de las familias más vulnerables en el estado español”, añaden al final del manifiesto al que han dado lectura en la concentración.

Desahucio en Cabanillas del Campo

En diciembre del año 2017 los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara (PAH) trataron de paralizar el desahucio de una vecina de Cabanillas del Campo y sus dos hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho de ellos podrían enfrentarse a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.

Según ha denunciado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad. Se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer. Mientras, las viviendas habían sido entregadas a una gestora que, sin embargo, empezó a “hostigar y acosar” a las familias.

“Resistencia pacífica”

La respuesta de CaixaBank ante la aparición de los activistas en su sucursal, según explica la PAG y refieren los escritos de la defensa judicial, fue llamar a la Guardia Civil, que posteriormente se llevaría a los presentes detenidos tras un acto de “resistencia pacífica”. Para ellos se piden ahora penas de cárcel, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular.

Ni en el atestado ni en las declaraciones de los agentes se refiere que la jornada se saldara con actos violentos. Es más, uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta” y que “fue una resistencia pasiva”.

A requerimiento del Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara, Caixabank fue instada a que aportara las cámaras de seguridad del día de los hechos, pero la entidad procedió a borrarlas antes de ser entregadas.

El procedimiento dará comienzo el próximo 30 de noviembre -al que acudirá Amnistía Internacional como observadora en el juicio para asegurarse de que se cumplen todas las garantías- y en el caso de que no quede dictada su absolución, ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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