Rebajar la edad para cobrar el Ingreso Mínimo Vital y otras demandas sociales del Debate de Castilla-La Mancha

Las resoluciones sobre bienestar social, educación y sanidad suponen un parte significativa de las peticiones dirigida al Gobierno central que el Grupo Parlamentario Socialista ha aprobado en las Cortes castellanomanchegas con motivo del Debate sobre el Estado de la Región. Entre ellas se encuentra un bloque de demandas centradas en el sistema sanitario público recientemente relacionadas con la crisis sociosanitaria derivada de la COVID-19, así como la ampliación del Ingreso Mínimo Vital a menores que, una vez alcanzada la mayoría de edad, no cuentan con apoyos familiares ni sostén económico. 

En primer lugar, una de las resoluciones solicita al Ejecutivo de Pedro Sánchez incluir en el plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea la adaptación de las infraestructuras sanitarias a los requisitos de la pandemia, la digitalización de los servicios sanitarios, la implementación de la telemedicina en el medio rural y la financiación de la reserva estratégica en materia sanitaria, tanto de material como de medicamentos. Sobre este último punto, de hecho, está pendiente la tramitación de una ley regional propia.

De igual forma, el PSOE quiere que Moncloa defienda en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las medidas que aseguren la equidad territorial de los servicios sanitarios a toda la población. Y al hilo de ello, pide unos Presupuestos Generales del Estado que permitan “revertir las tendencias previas de falta de inversión que han debilitado progresivamente nuestro sistema sanitario público”.

En materia de educación y cultura, otra de las resoluciones aprobadas pide incrementar paulatinamente el gasto estatal en materia educativa hasta que la inversión suponga el 5% del PIB nacional como “forma de garantizar la cohesión social y la erradicación de desigualdades”. En este bloque se incluye el refuerzo de becas y ayudas al estudio de tal forma que esta asegure la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y garantice que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos.

En políticas educativas, en el Debate también se ha dado luz verde a la propuesta de asegurar una inversión suficiente para Castilla-La Mancha que garantice la extensión del Primer Ciclo de Educación Infantil, así como el desarrollo de un sistema educativo que incluya el enfoque de los derechos de la infancia, la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género, el desarrollo sostenible de la agenda 2030, la educación intercultural y la equidad y educación inclusiva en todo el sistema.

Tras pedir la reducción del IVA a los sectores culturales , bajo criterios de “racionalidad y competitividad”, otras propuestas se centran en materia social, siendo la más significativa la petición al Gobierno central de dar cobertura económica desde el Ingreso Mínimo Vital a los menores que han estado sujetos Sistema de Protección de Menores, y que cuando alcanzan la mayoría de edad carecen de un soporte familiar. Según establece la propuesta, estos jóvenes se encuentran en una situación de vulnerabilidad personal y económica aunque no hayan cumplido la edad mínima de 23 años que dicta el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, el Grupo Socialista pide dotar a las autonomías de la aportación económica que corresponda para atender a los menores extranjeros no acompañados que deban ser incluidos en sistemas de protección o programas que se diseñen al efecto.

Servicios sociales, igualdad y desarrollo sostenible

Incrementar el crédito para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones locales (Plan Concertado), tendentes a alcanzar el 33% que debe aportar el Gobierno de España, la reposición de la deuda acumulada del Estado con la comunidad autónoma de más de 580 millones desde el año 2012, y desarrollar el Telecuidado Avanzado son las solicitudes que completan este bloque.

Por otro lado, en cuanto a políticas de igualdad, la petición principal es institucionalizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que las comunidades autónomas puedan disponer anualmente de estos fondos con el objetivo de implementar políticas públicas a largo plazo. Le siguen otras demandas como la actualización de la Ley Orgánica de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para adaptarla al Convenio de Estambul y reconocer todas las violencias que sufren las mujeres; destinar fondos del plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea para combatir la trata y la explotación sexual, y articular las medidas y mecanismos necesarios para la conciliación y la corresponsabilidad.

Finalmente, en materia de desarrollo sostenible, las resoluciones aprobadas en el Debate instan a Moncloa, entre otras cuestiones, a dinamizar el despliegue de banda ancha de última generación, en especial en las zonas rurales; impulsar la transformación hacia una economía circular mediante financiación e incentivos dirigidos a medianas y pequeñas empresas; y elaborar una Estrategia Marco de Protección al Consumidor, ya que el último plan se aprobó para el periodo 2006-2009.