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La sanidad de Castilla-La Mancha, entre las que menos privatización registran, pero el ritmo se duplica desde 2018

Archivo - UVI movil, ambulancia, transporte sanitario, SESCAM

Javier Muñoz de la Torre Granados

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Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad autónoma con menor velocidad de privatización de su sanidad pública, según el informe Privatización sanitaria de las CCAA 2025, publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Dicho estudio otorga a la sanidad pública castellanomanchega 18 puntos, un valor con el que empata en ese segundo puesto con Navarra y Asturias, y se sitúa solo por detrás de Cantabria (14 puntos). Las que presentan mayor velocidad de privatización según el informe son Canarias y Madrid, ambas con 28 puntos, siendo el resultado promedio de todos los sistemas sanitarios autonómicos de 21,3 puntos, con una puntuación máxima posible de 34.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la sanidad pública castellanomanchega. A pesar de este buen resultado comparativo, la región sacó en la primera edición de este informe, publicada en 2014 (cuando la presidenta del Ejecutivo regional era la 'popular' María Dolores de Cospedal), una puntuación de 10, y su mejor resultado se produjo en 2018 (9 puntos). Por tanto, según los datos de FADSP, Castilla-La Mancha ha duplicado su velocidad de privatización de la sanidad pública en la última década.

¿Qué se entiende por “privatizar la sanidad”?

Para los autores del informe, privatizar los servicios sanitarios en España es “el desvío de fondos del sector público hacia el sector privado en detrimento del primero”. Y ponen algunos ejemplos, como la colaboración público-privada para aligerar listas de espera o prestar servicios sanitarios a través de las concesiones administrativas.

Para otorgar la puntuación a las diferentes comunidades, FADSP ha valorado hasta 10 indicadores diferentes con datos de 2024 en su mayoría o de 2023 en su defecto. Algunos de ellos son el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total o el número de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado por 1000 habitantes.

Desde FADSP critican que el aumento de provisión y del aseguramiento privado va unido a “mayor desigualdad social”, ya que aseguran que “la privatización produce un aumento de la mortalidad evitable porque va unida a una desfinanciación paralela de la sanidad pública”.

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