En la reforma electoral prima el territorio sobre la población, respecto a la LOREG
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha tomará en consideración este jueves el proyecto de Ley electoral presentado por el grupo parlamentario popular, abriéndose el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y parciales de manera que se prevé que antes de finalizar el periodo de sesiones quede definitivamente aprobado.
La nueva Ley electoral prevé un total de 33 diputados frente a los 49 actuales o los 53 que pretendía el PP en la reforma electoral que aprobó en solitario hace justo dos años, argumentando entonces que se quería “procurar una Ley electoral más democrática, más justa” (sic), tal como se decía en su Preámbulo.
Los 33 diputados se asignarán con un reparto fijo de 3 por cada provincia hasta llegar a 15 y los otros 18 se asignarán en función de la población. De esta forma, tomando como referencia la población actual, habría tres provincias con diputados impares –Toledo (9), Cuenca (5) y Guadalajara (5)- y dos pares –Albacete (6) y Ciudad Real (8)-.
Desde el Partido Popular se insiste en el argumento de que se ha seguido el mismo criterio de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que fija un mínimo de diputados por cada circunscripción, mientras que los restantes se asignan en proporción a la población.
Sin embargo esto no es cierto, ya que en el caso de la LOREG, los diputados se reparten con dos escaños fijos por circunscripción (uno en el caso de Ceuta y Melilla), hasta llegar a 102, y los 248 restantes según población, lo que implica que el 30% de los escaños se asignan “por territorio”, mientras que el 70% se elige según población.
En el caso de Castilla-La Mancha el reparto se hace en una proporción del 45% y el 55%, sustancialmente diferente a la LOREG, dando un 50 % más de peso al territorio. Si de verdad se aplicase en Castilla-La Mancha el criterio de esta la ley estatal serían dos los diputados que se asignarían por provincia, hasta llegar a 10, mientras que los otros 23 se asignarían en proporción a la población, lo cual sin duda sería más equilibrado.
Por el contrario con la Ley propuesta por el PP el reparto por circunscripciones provinciales hará que el voto de un conquense “valga más” que el de un toledano, o dicho de otra forma que elegir un diputado “sale más caro” en votos en las provincias más pobladas, mucho más de lo que cabría esperar en términos proporcionales, lo cual beneficia al PP, más consolidado en las provincias menos pobladas. Por ejemplo, habría un diputado por cada 50.000 electores, aproximadamente, en Toledo, Ciudad Real o Albacete, mientras que en Cuenca o Guadalajara lo habría por cada 30.000.
La nueva ley, que es posible tras la modificación del Estatuto de Autonomía, reduce diputados con la excusa del ahorro pero en la práctica, tal como denuncian unánimemente los partidos de la oposición, lo que pretende es consolidar al PP, al dar más representación a las provincias menos pobladas y donde ese partido tiene más apoyo.
El efecto de la reducción prima el bipartidismo y elimina de facto a las minorías. Las formaciones más perjudicadas serían Izquierda Unida, Podemos o UPyD que con porcentajes de voto en torno al 8%-10% como mínimo, que vaticinan las encuestas, podrían no llegar a obtener ningún diputado.
Eso supone que, si se diera en 2015 una participación similar a la de 2011, entre 150.000 y 200.000 ciudadanos que votasen opciones minoritarias podrían quedar sin representación, con el supuesto argumento del “ahorro en políticos”, a lo que se debe añadir el voto en blanco y los abstencionistas para hacerse una idea del déficit de representatividad de las nuevas Cortes y de un Gobierno que podría estar sustentado por menos de un tercio de los electores.
