Las plataformas en defensa de la Sanidad Rural de Castilla y León alertan de que la pandemia ha evidenciado la “discriminación” que sufren

Colectivos, asociaciones y plataformas en defensa de la Sanidad Rural en Castilla y León se han manifestado este jueves en cientos de municipios y localidades de la Comunidad para reclamar a la Junta un modelo sanitario que no les discrimine por no vivir en áreas más habitadas. Desde hace años, los vecinos de las zonas rurales castellanas y leonesas vienen denunciando la falta de médicos, de planificación y de recursos sanitarios, que ahora, con la pandemia de COVID-19, se ha hecho todavía más evidente. Ante esta situación los ciudadanos del mundo rural reclaman a la Consejería de Sanidad que ponga fin a lo que consideran un “desmantelamiento” de la atención sanitaria.

“Proponemos, frente a un modelo asistencial, un modelo sociosanitario que integre en la planificación de los programas de salud pública a los profesionales sanitarios junto a los profesionales de los servicios sociales, a las entidades locales, a la población y las estructuras sociocomunitarias existentes en cada territorio”, reclaman en una carta abierta enviada a los medios de comunicación. Para este nuevo modelo, distinto al que la Junta puso en marcha en la comarca zamorana de Aliste a principios de año, los colectivos reclaman un diálogo “abierto y horizontal, al que se puedan ir sumando adhesiones de otros muchos colectivos y organizaciones en otros territorios”.

Reapertura de los consultorios locales

En esta jornada reivindicativa se ha utilizado el icono del candado, para ejemplificar la dificultad de acceso a la sanidad para los habitantes del mundo rural castellano y leonés. A pesar de que la Consejería se ha desgañitado defendiendo que los consultorios rurales siguen abiertos, las plataformas del mundo rural consideran que el modelo actual, basado en la cita previa, no es suficiente y denuncian que, a pesar de la situación de pandemia, se debería volver a el estadio anterior cuanto antes. “Esta situación excepcional y provisional se ha prolongado en el tiempo de manera injustificada y, después de casi tres meses, con la situación epidemiológica bajo control en prácticamente todas las zonas rurales, la atención primaria continúa confinada en los Centros de Salud y la población de los núcleos locales, constituida mayoritariamente por personas mayores”, denuncian.

Para los colectivos, la pandemia ha sido “la excusa perfecta” para precipitar una reforma de calado que habría contado a buen seguro con la oposición de ayuntamientos, asociaciones y vecinos/as de los pueblos.

“Ser menos no resta derechos”

En la carta, que firman colectivos de varias provincias, reclaman que los servicios públicos “no se pueden prestar de manera arbitraria: no son las instituciones las que escogen qué derechos administrar”. En el caso de los servicios sanitarios, entienden que son necesario para satisfacer el derecho universal a la salud y a la sanidad pública, garantizada “tanto por laConstitución, en su artículo 43, como por la Ley General de Sanidad, que reconoce el derecho a una sanidad pública digna y de calidad, sin discriminación del lugar donde se viva o de cualquier otro determinante”. Ante esta situación, recuerdan que “ser menos no resta derechos”.