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Pobreza, vivienda y sanidad ponen en riesgo de exclusión social a 352.000 personas en Castilla y León

El informe Arope revela que uno de cada cuatro residentes en Asturias está en situación de riesgo de pobreza.

EFE

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El 14,9% de la población de Castilla y León está en riesgo de exclusión social, esto es 352.000 habitantes, 28.000 más que antes de la covid, en el 2018, con la pobreza severa, los gastos excesivos en vivienda y las dificultades para comprar medicamentos o acceder a tratamientos médicos como situaciones carenciales más frecuentes.

Son datos que arroja el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, fundación vinculada a Cáritas, que este lunes se presenta en Valladolid en un acto en el que participa el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

En España, el riesgo de exclusión social afecta al 19,3 por ciento de la población, más de 9,3 millones de personas, con un repunte también respecto al dato del 2018 (18,3% y 8,55 millones).

Baja el riesgo de exclusión social severa

Los datos sobre exclusión social indican, no obstante, que se ha reducido el porcentaje de población que está en exclusión social severa en Castilla y León, que en el 2018, en el anterior informe, era del 6,1%, con 146.000 personas; que pasó al 9,4 por ciento y 223.000 personas en el 2021, tras la covid, y que en este IX informe, el de 2024, ha bajado al 5,5 por ciento (8,8 en España), con 130.000 personas.

Así, aunque tanto la comunidad como el conjunto nacional han revertido los efectos de la covid, que dejó 427.000 personas en riesgo de exclusión social en Castilla y León -uno de cada seis habitantes, con 223.000 en situación severa-, la situación en 2024 es menos favorables que la que había seis años antes, cuando la exclusión social era del 13,5 por ciento (324.000 personas)

Pero, ¿qué significa estar en riesgo de exclusión social?: son personas u hogares que se enfrentan a limitaciones graves en el acceso a sus derechos, recursos y participación social, como son el empleo, la vivienda, la salud o la educación, que Foessa mide con 8 dimensiones y 37 indicadores.

Hogares en pobreza severa o encabezados por alguien que busca empleo

El informe, recogido por EFE, revela que los grupos sociales más afectados por la exclusión social en Castilla y León son los que forma parte de hogares en situación de pobreza severa, donde el 84,5 de sus integrantes están en riesgo de exclusión; y los que están en hogares encabezados por alguien que busca empleo, con un 70 por ciento.

Además, la incidencia de la exclusión ha crecido en más de 10 puntos desde el 2024 en los hogares en pobreza no severa (del 34,4 al 52,2%), unipersonales (del 8,4 al 23%), o sin ingresos o sólo de protección social (del 15,1 al26%) y entre las personas de entre 18 y 29 años (del 14 al 24,6%).

Uno de cada cuatro jóvenes en situación de exclusión

Este último dato indica que uno de cada cuatro jóvenes está en situación de exclusión social en la comunidad, en distinto grado; mientras que en el grupo de menores de 18 se ha reducido del 27,1 por ciento del 2018 al 23,9 por ciento del 2024.

Ese dato refleja que en Castilla y León la tasa de exclusión entre la población menor de 18 años, ese 23,9 por ciento, es 7,8 veces más elevada que la de los mayores de 65 (3,1 por ciento).

En consecuencia, la exclusión en el caso de hogares con un menor de edad llega al 16,5 por ciento, y hasta el 26 por ciento con dos o más menores.

Y, aunque el riesgo de exclusión social entre los hombres de la comunidad está en el 15,9 por ciento y del 13,9 en las mujeres, los datos se invierten cuando los hogares están encabezados por una mujer, con tasas del 19,2, frente al 13,2 si son hombres.

Uno de cada cinco hogares sufre exclusión en vivienda

El informe indica además que los gastos excesivos de vivienda afectan al 18,4 por ciento de la población de la comunidad, la pobreza severa al 12,8 por ciento y las dificultades para comprar medicamentos o recibir tratamientos al 11,2 por ciento.

Esto se traduce en que 430.000 personas forman parte de un hogar que realiza un sobreesfuerzo en vivienda lo que compromete la cobertura de sus necesidades, en una comunidad en la que el precio de la vivienda ha aumentado un 31,5 por ciento desde el 2018, y esos gastos excesivos un 14 por ciento.

Y son 300.000 los habitantes de la comunidad que forman parte de hogares con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta familiar mediana equivalente; y 260.000 los que han dejado de comprar medicinas o seguir tratamientos por no poder permitírselo.

Cronificación de la exclusión social

El informe recoge el “evidente” proceso de “cronificación de la exclusión social” en la comunidad, con ese en torno al 15 por ciento, que indica que “un elevado porcentaje de población no recibe los beneficios de las mejoras marcroeconómicas”, y cuya situación es ya una cuestión estructural.

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