Condenado por captar trabajadores para el campo que vivían sin calefacción ni agua potable y tenían colchones de la calle

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un hombre a un año y medio de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores cometido al captar a personas para realizar tareas en el campo que tuvieron que vivir en casas con malas condiciones higiénicas, sin calefacción ni agua potable.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, establece también el pago de una multa de 1.440 euros —ocho meses con cuota diaria de seis euros— y el pago de indemnizaciones de 500 euros a cada uno de los diez trabajadores afectados. Para imponer la pena, la resolución judicial tiene en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal considera hechos probados que el procesado, de 42 años en la actualidad, en el año 2020 se dedicaba a prestar servicios a empresarios agrícolas en la provincia de Valladolid, en localidades próximas a Medina del Campo. Su cometido consistía en facilitarles trabajadores que realizaran las diversas tareas que según los cultivos y las épocas del año éstos requerían.

Era el procesado el que contactaba con los empresarios agrícolas y quien dirigía la jefatura de esta actividad aunque él no actuaba como empresario registrado sino que esta función la tenía encargada otra persona.

Vendimia, poda o patata

Para conseguir trabajadores, el acusado estaba de acuerdo con otras personas que contactaron en septiembre y octubre de 2020 con desempleados que se encontraban en localidades de las provincias de Alicante y Murcia, ofreciéndoles trabajo en la provincia de Valladolid en la vendimia, la poda o la patata.

Planteaban condiciones ventajosas para prestar sus servicios en el campo en aquellas fechas, como un contrato de trabajo de un año, alta en Seguridad Social, un salario de 1.600 o 1.800 euros o jornales de 80 euros diarios, incluyendo además el alojamiento en una vivienda digna.

Escasez de trabajo por la pandemia

Ante la oferta que les realizaron y atendiendo a que en aquellas fechas, por efecto de la pandemia derivada de la covid, era más difícil encontrar trabajo en el sector agrícola, hubo distintas personas que se prestaron a realizar estos trabajos abandonando sus localidades de residencia.

De esta forma el 15 de septiembre de 2020 las personas encargadas por el encausado de localizar a los agricultores en Murcia y Alicante trasladaron a cinco trabajadores de diversas nacionalidades a una finca situada a unos seis kilómetros de la localidad vallisoletana de Torrecilla del Valle y a unos quince de Rueda, en la misma provincia. El día 8 de octubre de 2020 fueron trasladados al mismo lugar otros cinco empleados. De los trabajadores que fueron conducidos a la finca el día 15 de septiembre solo fueron dados de alta cuatro en la Seguridad Social mientras que, de los que llegaron en octubre de 2020, ninguno fue dado de alta en este sistema, pese a que contaban con los permisos precisos para su contratación y alta.

A ninguno de los trabajadores se les facilitó formación e información precisa en materia de seguridad en el trabajo ni herramientas y equipos de protección para las labores y no contaron con más herramientas o aperos que unos canastos para meter los productos que recogían.

En cuanto a las horas trabajadas, el encargado por el acusado que estaba de forma continua con los trabajadores decía que les anotaba las horas que trabajaban, aunque sus anotaciones no coincidían con las que realmente hacían.

Colchones recogidos de la calle

Una persona no encausada en este procedimiento cedió a la mujer del acusado dos viviendas para que las utilizaron los trabajadores, unas casas que “se encontraban en malas condiciones higiénicas y los colchones que tenían para dormir estaban muy sucios porque se habían recogido de la calle”. Además, no tenían calefacción y había agua pero no apta para el consumo.