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CATALUNYA

Barcelona se querella contra el juez militar franquista que condenó a muerte a Salvador Puig Antich

El consistorio quiere que se investigue por delito de lesa humanidad al abogado Carlos Rey, el redactor de la sentencia contra el militante antifranquista

La querella incluye una petición para que el Constitucional anule la ley de Amnistía de 1977 al ser incompatible con la Constitución y los tratados internacionales

"El paso del tiempo no debilita la petición de justicia y reparación, sino que la legitima", asevera el teniente de alcaldía Jaume Asens

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Cartel de la presentación de 'Puig Antich: la transición inacabada", de Gutmaro Gómez Bravo

Cartel de la presentación de 'Puig Antich: la transición inacabada", de Gutmaro Gómez Bravo

El Ayuntamiento de Barcelona se ha querellado por delito de lesa humanidad contra el abogado Carlos Rey, que en 1974 fue el vocal del consejo de guerra que redactó la sentencia de muerte al militante antifranquista Salvador Puig Antich. El consistorio da así un nuevo paso en su estrategia de litigios para intentar que la judicatura actual depure responsabilidades en los magistrados franquistas, por ejemplo los que condenaron a gays y lesbianas durante la dictadura.

En el caso de Puig Antich, la querella se interpone contra Rey por ser el único de los siete miembros del tribunal militar que tenía conocimientos jurídicos. De ahí que fuera el encargado de redactar la sentencia. El escrito de querella, que firma la abogada Laura Parés, realiza un relato pormenorizado del caso Puig Antich y de las anomalías legales que llevaron al joven anarquista a la justicia militar en vez de a la ordinaria.

"Carlos Rey no se ha arrepentido nunca en sus declaraciones públicas de la condena a muerte a Puig Antich", asevera el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens. La ciudad de Barcelona, destaca Asens, está "en deuda" con la familia de Puig Antich, y la querella, añade, se presenta "porque el paso del tiempo no debilita la petición de justicia y reparación, sino que la legitima".

Tras aprobarlo el pleno municipal, el consistorio ha formalizado la querella en los juzgados de la capital catalana, tal y como ha informado en primer lugar El Punt Avui. El juzgado de instrucción 9 de Barcelona ha pedido un informe a la Fiscalía para decidir si admite o no a trámite la querella.

El Ayuntamiento, consciente de que uno de los obstáculos que pueden frenar el caso es la ley de Amnistía de 1977, ha solicitado a la jueza que promueva una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma, habida cuenta de que los tratados internacionales a los que se ha adherido España desde la llegada de la democracia y que la vinculan en materia de derechos civiles hacen que la ley de amnistía sea incompatible con los derechos fundamentales y la Constitución.

eldiario.es se ha intentado poner en contacto con el querellado, que en la actualidad ejerce de abogado –fue el letrado de la exlíder del PP catalán Alícia Sánchez Camacho–, pero en su despacho han explicado que Rey se encuentra fuera de Barcelona.

Fragmento de la querella a la que ha tenido acceso este diario

Fragmento de la querella a la que ha tenido acceso este diario

Un caso plagado de irregularidades

Puig Antich militaba en el libertario Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), organización vigilada desde hacía meses por la brigada de lo político social de la policía franquista. Varios militantes del MIL se habían citado en el bar Funicular del Eixample barcelonés el 25 de septiembre de 1974. Dos jóvenes, entre ellos Puig Antich, fueron los primeros en llegar, y los policías los rodearon y golpearon en el interior de un portal de la calle Girona. En el intento de huida, hubo un intercambio de tiros, en el que un agente murió y Puig Antich resultó gravemente herido.

La brigada de lo político social de la Policía se encargó del caso y manipuló la investigación para que el caso lo juzgara un tribunal militar y poder así condenar a muerte a Puig Antich –la justicia ordinaria no podía hacerlo– y mandar de paso un aviso a los antifranquistas de que el régimen, pese a flaquear, sería implacable con los disidentes.

Así, se modificó el informe de autopsia del policía, alterando el número y trayectoria de disparos –de cinco a dos, el número de disparos que, casualmente, había efectuado Puig Antich. Las pistolas y los casquillos de los policías implicados en el tiroteo desaparecieron, los otros dos detenidos por el tiroteo declararon bajo amenazas y torturas para incriminar a Puig Antich, al que se tomó declaración sin abogado, en una habitación del hospital tras ser operado de urgencia en la mandíbula, por lo que ni siquiera podía hablar.

Al día siguiente, se amplió su declaración y se modificó de forma sustancial, adecuándose los hechos al delito de terrorismo, de forma que Puig Antich, que no estaba fichado ni tenía antecedentes, pasó a ser uno de los jefes del MIL. El tribunal del que formaba parte Rey dio por probado el relato policial y condenó al garrote vil a Puig Antich 48 horas después de avisarle de que lo juzgarían en un consejo de guerra y denegando todas las pruebas de su defensa.

La sentencia redactada por Rey se detuvo especialmente, más allá de la muerte del policía, en la ideología "subversiva" o la "destrucción del Estado" que propugnaba el MIL, los elementos que le permitieron dictar una condena a muerte. Puig Antich fue ejecutado por el garrote vil en España el 2 de marzo de 1974 en la prisión Modelo, pese a la campaña nacional e internacional para que se revocara la pena de muerte.

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