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CATALUNYA

Una delegación viajará a Colombia para fiscalizar el impacto social de la empresa catalana TCB

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones catalanas viajarán a Buenaventura (Colombia) para conocer el impacto social y ambiental de la filial de Transportes de Contenedores de Barcelona

Varias organizaciones colombianas han denunciado que los planes de desarrollo económico y urbanístico para la ciudad portuaria están generando situaciones de violencia

Eldiario.es ha sido invitado a hacer un seguimiento de la visita, en la que los miembros de la delegación intentarán confirmar si otras empresas catalanas podrían tener intereses en Buenaventura

El port de Buenaventura

El port de Buenaventura Javier Sulé

¿Cuál es el impacto social y ambiental que tienen las empresas catalanas en el exterior? ¿Cuál es la marca Barcelona que se exporta a algunos países? En Buenaventura, Colombia, la actuación de la filial del Grupo Transportes de Contenedores de Barcelona (TCB), TCBuen, que opera en el puerto de la ciudad, preocupa desde hace tiempo a algunos actores locales. La acusan de estar implicada en la vulneración de los derechos humanos. A raíz de estas denuncias, del 27 de abril al 2 de mayo una delegación catalana formada por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones catalanas visitará Buenaventura, donde se reunirá con entidades y asociaciones locales.

Buenaventura es un enclave estratégico para las exportaciones del país, legales e ilegales, y por eso es un territorio en disputa constante de grupos armados ilegales. La privatización del puerto en los años 90, y la posterior llegada de proyectos de expansión portuaria, facilitaron un crecimiento exponencial de la violencia, producida principalmente por grupos criminales y / o neoparamilitars. Sólo de 1990 a 2014 se cometieron 5.047 asesinatos -la ciudad tiene una población de 400.000 personas.

La Mesa Catalana por Colombia y Lafede.cat han investigado las denuncias presentadas por organizaciones colombianas contra el Grupo TCB -Terminales de Contenedores de Barcelona- y ya el año pasado trajeron a Catalunya una delegación colombiana y organizaron diferentes actividades para que los miembros de esta delegación explicaran los datos y denuncias contenidas en el Informe «Cerco a las comunidades. Los impactos de una empresa catalana, Grupo TCB, en Buenaventura, Colombia». Después de que representantes de la iglesia, la política y las comunidades afectadas de Buenaventura explicaran en el Parlament de Catalunya cómo los planes de desarrollo económico y urbanístico para la ciudad portuaria están generando situaciones de violencia, con la participación, directa o indirecta, de empresas catalanas, ahora una delegación catalana visitará la ciudad colombiana. Entre las actividades previstas está la asistencia a la Audiencia pública «Víctimas del desarrollo y estado de cosas inconstitucionales", que convoca la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia y diferentes organizaciones sociales de la ciudad.

La delegación estará formada por la presidenta y vicepresidente de la Mesa Catalana por Colombia Michela Albarello y Tono Albareda - que son también, respectivamente, directora de la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Catalunya y vicepresidente de Lafede.cat-, Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz; Julián Artacho, representante en Colombia de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Gabriela Serra, parlamentaria de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP); Joan Maria Soler, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona; Josep Maria Fisa, representante del arzobispo de Barcelona y de Justicia y Paz y Amaia García, coordinadora de la Mesa Catalana por Colombia. Dos periodistas, una en representación de eldiario.es y otra de la revista 5w harán seguimiento de la visita.

La polémica alrededor de TCB se extiende a Guatemala

El caso de Buenaventura, sin embargo, no es el único en el que las inversiones de TCB han sido objeto de polémica. Recientemente, la empresa ha sido también vinculada a un escándalo de pagos de sobornos en Guatemala. Su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ha sido acusada de pagar 26 millones de euros en comisiones a cambio de un contrato público. Los miembros de la delegación intentarán confirmar si otras empresas catalanas podrían tener intereses en Buenaventura, ya que fuentes colombianas apuntan a que Aigües de Barcelona habría comprado la empresa municipal Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura.

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