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La Fiscalía pide de nuevo apartar a los albaceas imputados e intervenir la fundación del gran mecenas catalán

Pere Mir y documentos del sumario

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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Regreso al pasado en el caso Cellex. La jueza que investiga si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron en su propio beneficio su herencia en vez de donarla a la ciencia, ha celebrado este viernes una nueva vista de medidas cautelares después de que la Audiencia de Barcelona anulara la primera intervención de las fundaciones en la que el empresario tenía su fortuna.

La Fiscalía ha solicitado, de nuevo, que se aparte a los albaceas imputados (Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), de la gestión de las fundaciones y que sea el Protectorat de Fundacions de Catalunya, dependiente de la Generalitat, el que se encargue de ellas.

Según fuentes jurídicas, en la vista, las defensas de los investigados han vuelto a defender que no cometieron desfalco alguno y han cargado contra la intervención de la Generalitat.

El pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona consideró que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó, en abril, la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.

Este viernes se ha celebrado una nueva vista, igual a la que tuvo lugar en abril tras un informe de los Mossos d'Esquadra que reveló varias irregularidades de los albaceas, así como un entramado societario en paraísos fiscales que tejió, en vida, el gran mecenas catalán (Mir fue loado por políticos de todo signo por sus donaciones a centros científicos).

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal Álvaro de Juan, además de la intervención, ha solicitado la prohibición de disponer sobre varios inmuebles titularidad de los investigados, así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor.

El objetivo, explica la Fiscalía en un comunicado, es “salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades, y garantizar la efectividad de la responsabilidad patrimonial” que puedan tener los investigados en caso de que resulten condenados.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

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