Los imputados por el 'hackeo' al Sindicato de Mossos, exculpados siete años después: “Fueron cabezas de turco”

La pesadilla empezó con una entrada y registro. Y ha durado siete años, hasta que la Audiencia de Barcelona ha archivado el caso del 'hackeo' masivo al Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME) tras constatar que, pese a todo el tiempo transcurrido, el material probatorio contra dos investigados era “frágil” y “endeble”.

El abogado de uno de los investigados, Carles Sánchez Almeida, no tiene dudas: “Fueron cabezas de turco”. Se basa el letrado, y la Audiencia de Barcelona le da la razón, en que el único indicio obtenido contra su cliente y la otra investigada –su pareja en el momento de los hechos– en siete años de investigación fue que disponían de un proxy, esto es, un servidor que anonimiza la navegación en Internet. Ambos son ingenieros.

El caso se remonta a 2016. En un contexto marcado por la contundencia de la policía catalana para reprimir protestas sociales, el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) sufrió un ataque informático y se difundieron datos personales de 5.000 agentes y exagentes de la policía catalana (nombres, apellidos, números de teléfono y cuentas bancarias).

El ataque fue reivindicado por el 'hacker' Phineas Fisher. La intromisión incluyó la usurpación de la cuenta de Twitter del sindicato, desde donde se enviaron tuits llamando a una huelga de policías y emitieron un falso comunicado anunciando la “refundación” del SME en un “Sindicato de Mossos d'Esquadra para los Derechos Humanos”.

Al margen de la burla de los piratas informáticos hacia el sindicato, la Justicia tomó cartas en el asunto para investigar los delitos cometidos por los 'hackers' al destapar datos personales de miles de uniformados. El juzgado de instrucción 33 de Barcelona abrió una causa por revelación de secretos y en enero de 2017 ordenó registrar el domicilio que compartían ambos ingenieros en Barcelona, y otro en Salamanca de un tercer investigado. En 2022, con el visto bueno de la Fiscalía de delitos informáticos de Barcelona, les dejó a un paso del banquillo.

Sin embargo, en una decisión inusual –lo más habitual es que la instancia superior avale la decisión de sentar en el banquillo de los jueces instructores, y ya en el juicio se resuelva el caso–, la Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión del juzgado de proponer juzgar a los dos ingenieros.

Solo disponían de un proxy

En su auto, del pasado octubre, los magistrados de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona concluyen que, al contrario que lo expuesto por el juez instructor, “no se refiere de la instrucción del caso ninguna actuación concreta” de los dos ingenieros “con los ignorados autores del ataque”. Todo ello pese a la “intensa y exhaustiva” investigación policial.

Recuerda –y transcribe de forma literal– la Audiencia de Barcelona que el propio informe final de los Mossos concluyó que en los dispositivos confiscados por orden judicial a ambos ingenieros “no se localizó evidencia directamente relacionada” con el ataque, pese a lo cual los dos investigados fueron procesados. Es más, los togados resaltan que, según la investigación de la policía catalana, el ataque al sindicato se produjo mediante un servidor ubicado en Francia y otras ubicaciones extranjeras, y que los dos ingenieros vivían en Barcelona.

El indicio en que se basó el juez para procesar a los dos ingenieros fue el mencionado servidor proxy, que según varios atestados de los Mossos “podría tener relación” con el ataque y con el acceso a “varias páginas web del mundo 'hacker'” por parte de uno de los investigados. Pero esta hipótesis de investigación, agregan los jueces, no ha podido ser confirmada, lo que debe conducir el caso al archivo.

Almeida, letrado con varios lustros de experiencia en delitos informáticos, tilda de “peligrosa” la posibilidad de que la Justicia hubiera aceptado la teoría del fiscal sobre el servidor que tenían los dos ingenieros. “Ello convertiría a cualquiera que tuviera un proxy en un potencial 'hacker'”, alerta el abogado, que celebra la decisión judicial.

Sobre este extremo, la Audiencia de Barcelona se muestra rotunda: “El hecho de configurar un proxy para ocultar una verdadera identificación no permite establecer un indicio de complicidad o cooperación, ni menos de autoría, respecto del gravísimo ataque informático sufrido por la base de datos del sindicato policial”.

“Nada en la investigación”, ahondan los jueces, “conecta” a los ingenieros con los autores del ataque. El desierto probatorio hace que los jueces decidan no sentar en el banquillo a los dos investigados “ante la inexistencia de indicios para continuar técnicamente con la acusación”. “No está justificado ni es admisible que se extienda el perjuicio que implica mantener un procedimiento sin elementos de cargo”, apostillan los magistrados.

Es más, para los togados resulta también necesario poner fin a la causa con el objetivo de “evitar juicios innecesarios que dilapidarían energías no solo procesales sino también económicas y personales”. Pese a la rotundidad de la Audiencia de Barcelona, el fiscal recurrió al Supremo para reabrir la causa, pero finalmente el pasado febrero el representante del Ministerio Público desistió de su propio recurso. Una maniobra que, critica Almeida, “alargó el sufrimiento” para ambos investigados. Finalmente el caso se ha archivado. El mayor 'hackeo' a un sindicato policial de España seguirá teniendo un autor desconocido. Al menos para la Justicia.