La lucha de las entidades ecologistas está empezando a obtener recompensa: la remunicipalización del servicio municipal de agua es un concepto que últimamente está bastante presente en el debate político de los ayuntamientos.
En Catalunya, la mayoría de municipios –del orden del 90%– tienen la gestión del servicio privatizado y es una empresa que suministra el agua a nuestros hogares. Esta realidad contrasta fuertemente con el resto del mundo, donde la tendencia es justamente la contraria, y un 90% de consistorios suministran el agua de manera pública. Así es fácil entender como Agbar, una empresa catalana, se ha convertido en el gran gigante mundial del agua.
Una buena parte de privatizaciones en Catalunya se produjeron en los años 90, cuando la crisis post olímpica puso en entredicho la financiación de los ayuntamientos. La privatización del servicio de agua, muy bien pensada por parte de las empresas privadas, permitía a los municipios pasar la siempre necesaria inversión en infraestructuras en el sector privado, que las financiaba y repercutía en las facturas sin pasar por los presupuestos municipales y, además, ingresaba un canon a las administraciones (¡cuántas barbaridades se han financiado!). Y así la única presencia presupuestaria de un servicio de obligatoria prestación por parte de los ayuntamientos –y de obligatoria aceptación por parte de los vecinos– se convertía en un ingreso. Por tanto, un negocio redondo para las administraciones municipales. ¿Pero es un negocio igual de redondo para los vecinos también? Un análisis reciente de la factura del agua hecha en Molins de Rei, ha detectado que mientras el precio actual del metro cúbico de agua sube hasta 1,29 euros; el coste del mismo volumen de agua con el servicio municipalizado bajaría hasta 0,94 euros. Es un ahorro del 28% que procede esencialmente de anular los beneficios del sector privado y de que el Ayuntamiento pague sólo el agua que consume. Se trata, efectivamente, que el agua coste lo que vale extraerla de los acuíferos, tratarla, hacerla pasar por los tubos y hacer que salga por el grifo, más el mantenimiento de todo ello. Ni más, ni menos.
El otro elemento significativo radica en el hecho que este debate, en el caso de Molins de Rei, no surja hasta pasados más de 20 años después de la privatización.Y es que –también es más que significativa– la opacidad y la imposibilidad de los vecinos de saber qué pasa con sus servicios.
Hay que ser, pues, críticos y exigentes a la hora de recuperar el servicio, y esto quiere decir, remunicipalizar también con transparencia: no se trata de que el servicio municipalizado peque, democráticamente, de lo mismo que el privado. Es condición sine qua non que los vecinos puedan saber y decidir qué pasa con sus servicios. Es necesario que las mesas de decisión los incorporen. Y, por tanto, que las nuevas estructuras municipales que se generen para la gestión del agua se rijan por la democracia del bien común, y no del beneficio privado, y hay que exigir condiciones laborales de calidad para las personas que trabajen ahí.
Ni las privatizaciones ni los servicios externalizados pasan nunca la prueba del algodón democrático: nunca una privatización ha ganado un referéndum. Contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, los vecinos pensamos que es importante que nuestras administraciones mantengan la gobernación de nuestros servicios para garantizar que nosotros tengamos que decir.
Otro elemento inherente al debate son los cortes de suministro. Los números demuestran que son los municipios con la gestión del servicio privatizada los que realizan la mayoría de cortes. En cambio, los ayuntamientos que han mantenido el servicio en sus manos se acercan mucho más al espíritu de la ILP promovida por la Alianza contra la Pobreza Energética. Si de verdad nos creemos que el Agua es Vida y que es de todos y de nadie en particular, ¿qué lógica, sino la del beneficio económico, permite cortar el suministro a los vecinos que son propietarios legítimos del agua que deben poder consumir?
Por todo ello, es imprescindible continuar luchando para generar las condiciones sociales, ambientales y políticas que permitan seguir avanzando hacia la gestión municipal directa del servicio de abastecimiento de agua, para garantizar un suministro de agua de máxima calidad al mínimo precio, sin cortes y sin más legítimo propietario que nuestros vecinos. Un suministro con un exigente e innegociable equilibrio con nuestro entorno –ríos y acuíferos– y, por tanto, con políticas efectivas de control de la demanda. Luchar para que la soberanía municipal permanezca intacta y la gestión directa y municipal, fundamentada en el beneficio de los vecinos, siga entrando en nuestros municipios para quedarse definitivamente.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
