Actas anónimas, billetes de avión sin justificar e informes de copia y pega: así describe el juez la nueva trama de CDC
Todo empezó en 2015 con un “voluminoso manuscrito anónimo” que recibieron los juzgados de Barcelona. Por reparto, recayó en instrucción 1, el juzgado que comanda el magistrado Joaquín Aguirre. Este miércoles el juez ha ordenado veinte entradas y registros para indagar sobre la presunta trama de corrupción que orquestaron los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015 para beneficiar a entidades y empresas afines.
Los autos dictados por el juez este miércoles describen auténticas chapuzas y un reguero de irregularidades en la gestión de los fondos de la Diputación de Barcelona a la cooperación con los países menos desarrollados, como Honduras, Colombia, Perú, Chile Marruecos o Bosnia. Por el momento se investigan 28 expedientes por un valor de unos dos millones euros.
El juez, entre los indicios recogidos, aporta actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero. La “mayoría” de informes técnicos de los proyectos, además, son “copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet”, sostiene Aguirre. La técnica del copiar y pegar también se habría utilizado en las memorias de los proyectos, que presentan “copias literales de artículos realizados por otras entidades y que pueden ser hallados en internet”.
Asimismo, algunos de los implicados en la trama justificaron su participación en los proyectos con billetes de avión cuyas fechas y horarios no les permitían estar en el país donde se realizaban las actividades recogidas en la justificación oficial del proyecto. “En otros casos –abunda el juez–, se justifica con el programa de una actividad de un día y facturas de hoteles en ese mismo país de más de diez días y facturas de una agencia de viajes que no son aceptadas”.
Entre los investigados en la trama figuran el presidente de la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015, Salvador Esteve (CiU), que ya ha sido puesto en libertad con cargos. También están en el punto de mira de la investigación toda la antigua cúpula del servicio de cooperación de la Diputación, formada por el alcalde de Tordera y diputado provincial y exdirector de relaciones internacionales de la Diputación, Joan Carles Garcia (PDCAT); el actual alto cargo de la Generalitat Jordi Castells; y los exjefes de la oficina de cooperación, Jonatan Jorba y Albert Torras. También está investigado el exresponsable internacional de CDC, Víctor Terradellas, fundador de una de las fundaciones investigadas.
Además, el magistrado considera que hay indicios de que los técnicos de la Diputación “podrían haber sido presionados por Castells” para emitir dictámenes favorables en relación a esas ayudas, como lo demuestra un informe de la Agencia Catalana de Salud sobre esos trabajadores de la corporación que figura en la causa y que fue publicado por este diario en 2015.
¿Dónde fueron a parar los fondos? Esta es la pregunta que quiere responder el juez Aguirre con la operación de este jueves. En los autos de entrada y registro, el magistrado señala que si bien la vía de adjudicación directa usada por la Diputación es “legítima”, la cantidad de irregularidades en los expedientes “permite pensar en una concesión directa de fondos públicos para actividades privadas o fines diferentes y ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres”.
Según la Fiscalía Anticorrupción, las subvenciones transitaban “de forma anómala” entre las cuentas bancarias de las fundaciones IGMAN, CATmon –fundadas por Terradellas– y la sociedad mercantil DISCATIMAT “para finalmente ser reintegrados en efectivo”. Los fondos malversados se habrían destinado “a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama”, añade el ministerio público.
A pesar de que han transcurrido tres años desde los hechos denunciados anónimamente, el juez justifica los registros ordenados porque ve “lógico” que se encuentren documentos clave para la investigación. Destaca el juez la “aparente impunidad con la que se han movido los otorgantes y perceptores de las subvenciones”.
Castells, por ejemplo, fue promovido a subdirector general de cooperación local de la Generalitat después de que este diario publicara su participación en las irregularidades en 2015. “Es lógico pensar que en su nuevo puesto de trabajo guarde listas de contactos personales y profesionales relacionados con las subvenciones ilícitamente otorgadas”, sostiene el juez Aguirre.
