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La CUP denuncia que cargos del Área Metropolitana de Barcelona gastaron 20.000 euros públicos en comidas y viajes

Pleno del AMB

Arturo Puente

Mesa para dos. Salmonetes, gambas al ajillo, carnes, cervezas, una botella de vino, postres y licores. Este fue el menú disfrutado el 4 de abril de 2016 por uno de los miembros del Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El precio, 101,60 euros cargados a la institución, se pagó con la tarjeta de la que disponen algunos altos cargos. Este es uno de los gastos “poco éticos” que ha denunciado este martes la CUP-Poble Actiu, que asegura que diferentes consejeros del AMB han pagado con dinero público más de 20.000 euros en comidas, viajes y reuniones desde 2016.

El grupo asambleario tuvo conocimiento de que determinados grupos políticos pasaban las facturas de sus comidas a la institución, así como de que algunos de los miembros del Gobierno metropolitano disponían de tarjetas Visa, con cargo a la institución, para el mismo objetivo. La relación de gastos obtenida por la CUP detalla estos apuntes, efectuados por los grupos políticos PDECat (antigua CiU), Entesa (del espacio de los comuns y otros), PP y PSC, y con los que se cargó a las arcas públicas diversas comidas.

En concreto, el PDECat pasó facturas de comidas y reuniones de trabajo durante todo 2016 y buena parte de 2017, por valor de 3.657 euros. El grupo correspondiente a Entesa, comidas realizadas durante 2016 que suman un total de 3.806 euros. El PP, siete comidas o cenas por valor de 213 euros, y el PSC solo una comida de 43 euros. Entre todos, 7.719 euros fuera de las dietas y subvenciones que los grupos ya cobran, teóricamente para hacer frente a este tipo de gastos.

Desde el grupo metropolitano de Entesa destacan que estas facturas se corresponden con reuniones de trabajo con sus consejeros en los que se sirve un aperitivo ligero a unos 13 euros por persona. “Estos almuerzos están amparados con sus correspondientes facturas, con un informe donde dice qué se ha tratado en las reuniones y como gastos protocolarias de Gobierno del AMB, del que Entesa forma parte”, indican. Además, destacan que ya se ha abandona esta práctica, ya que desde enero de 2017 los gastos de estas reuniones corren por parte del propio grupo.

Al montante de los grupos hay que sumar las tarjetas de las que disponen tres personas con un importante peso político en la institución: el vicepresidente y alcalde de Cornellà, Antoni Balmón (PSC), el vicepresidente de Transporte y Movilidad y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda (PSC), y el gerente de la entidad supramunicipal, Ramon M. Torra. Entre los tres tuvieron gastos de 12.700 euros, entre los que se cuentan comidas y diversos gastos de viajes.

El detalle, conseguido por la CUP y al que ha tenido acceso este diario, arroja que el gerente gastó más de la mitad del total, unos 6.000 euros, buena parte de ellos en los viajes institucionales realizados a París, Venecia y Boston, además de en comidas calificadas como de trabajo.

Por su lado, la tarjeta de Balmón apunta unos gastos de 4.700, entre los que también destacan numerosas comidas de trabajo y viajes institucionales a Madrid, Valencia o Munich. Por su parte, el alcalde de Sant Joan Despí ha gastado cerca de 2.000 euros, la mayor parte de ellos en comidas y diversos viajes a Madrid.

Para la CUP - Poble Actiu muchos de estos gastos son “excesivos, injustificados y fuera de lugar”. Según el grupo, que reclamó esta información, los pagos son “poco éticos” y responden a unas “malas prácticas continuadas blindadas por los mecanismos institucionales y la opacidad de ciertas administraciones”. Para argumentarlo exhiben facturas a restaurantes exclusivos como el Set Portes, el del Real Club de Polo de Barcelona, o el Can Domingo de Sant Just Desven.

Según destaca el grupo de la izquierda independentista, equipo de Gobierno y directivos del Área Metropolitana ya cobran “inmensos sueldos”, además de disponer de subvenciones como grupos políticos y de tener acceso a dietas. Por ello reclaman explicaciones a los responsables de estos cobros y reclaman poner los medios necesarios para acabar con estas prácticas que ven totalmente injustificadas.

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