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Después de Crespo: los casos de corrupción que persiguen a Convergència

La sede de CDC fue registrada el pasado mes de octubre en relación con el caso del 3%

elDiario.es Catalunya

Lo habitual frase “el juez aún no ha dictado sentencia” ya no sirve para Xavier Crespo, ex diputado de CiU condenado este viernes por haber aceptado sobornos a cambio de favorecer los intereses urbanísticos del presunto mafioso ruso Petrov en Lloret de Mar. Todos los dirigentes de Convergència, empezando por Artur Mas, defendieron el ex alcalde de Lloret hasta que los indicios de cohecho se volvieron tan claros que le hicieron dimitir como diputado. La sentencia de este viernes es la primera que prueba los recientes casos de presunta corrupción donde está implicada Convergencia, que se han multiplicado en los últimos años.

El 3%

El recuerdo de los registros de la Guardia Civil para tratar de probar el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, lo que popularmente se conoce como el caso del 3%, aunque es reciente en CDC. Todavía no hace un mes la Guardia Civil, a instancias de un juez de El Vendrell (Tarragona) practicó una decena de detenciones, en una nueva fase de la investigación Petrum 2, con epicentro en el ayuntamiento de Torredembarra y que el pasado mes de agosto ya comportó el registro de la sede de los nacionalistas en la calle Còrsega de Barcelona y de la fundación del partido, la Catdem.

El juez decretó prisión sin fianza por el tesorero de CDC, Andreu Viloca, mientras que dejó en libertad al secretario del patronato de la fundación Catdem, Carlos del Pozo ya una administrativa del partido, Ana Benítez. También fueron arrestado y puesto en libertad con cargos el número de Infraestructures.cat, la empresa de obra pública de la Generalidad, Josep Antoni Rosell. En una caja fuerte atribuida a Rosell había 80.000 euros en efectivo.

2. Oriol Pujol y las ITV

Oriol Pujol, hijo del ex presidente y que llegó a ser el número 2 de Mas en CDC, permanece imputado desde marzo de 2013, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, acusado de cobrar comisiones ilícitas de empresarios del sector de las ITV a cambio de favorecer sus intereses a través del grupo parlamentario de CiU, que él dirigía.

3. La fortuna oculta de los Pujol y las comisiones de Junior

La familia Pujol también está investigada por la justicia después de la confesión de la fortuna de Andorra del ex en julio de 2014. La Fiscalía pidió el pasado día 9 de octubre unir la causa de la herencia, que investiga un juzgado de Barcelona, con la investigación que lleva la Audiencia Nacional desde 2013, en el que está imputado su primogénito, Jordi Pujol Junior, por su relación con presuntos movimientos de divisas sospechosos de corresponder a comisiones ilegales. En concreto, el juez cree que el primogénito cobró comisiones por valor de 11,5 millones de euros.

4. El caso Palau, pendiente de juicio

El más emblemático de los casos de presunta corrupción es el caso Palau, que ha comportado la imputación del extesorero de CDC Daniel Osàcar, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de prisión por su papel en el pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública de la Generalitat. Aunque Millet confesó ser el saqueador de la institución en 2009, el caso aún se encuentra pendiente de juicio tras una instrucción compleja y que han dirigido tres jueces diferentes.

5. Pretoria

Pendiente de juicio también se encuentra el caso Pretoria, que afecta a los históricos dirigentes convergentes durante el pujolismo Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Ambos afrontan penas de seis años y diez meses de prisión, por supuestos cobros de comisiones en operaciones urbanísticas en diferentes ayuntamientos.

6. Corrupción sanitaria en Reus

CDC tiene abierto otro frente judicial en Reus (Tarragona), donde un juez investiga presuntas irregularidades en el grupo de empresas municipales Innova y en los contratos del hospital de la población. Un concejal de la CUP fue quien destapó el caso. Los dos principales sospechoso del caso son Josep Prat Domènech y Carles Manté, dos altos cargos de la salud pública catalana, imputados desde 2012.

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