PSOE y ERC discrepan sobre los límites de su acuerdo un día después de firmarlo

El teorema del punto gordo es una broma matemática que afirma que dos rectas paralelas pueden cortarse en un punto, siempre que ese punto sea suficientemente gordo. A este principio parecen haberse acogido PSOE y ERC para consensuar el documento que ha acabado desbloqueando la investidura de Pedro Sánchez a cambio de abrir una futura negociación entre gobiernos. Un texto que utiliza un lenguaje lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones abiertas y adaptables a las necesidades de cada parte, pero que a la vez permite poner a ambos los mínimos para avanzar.

El riesgo de usar el punto gordo es que las interpretaciones sobre lo pactado no coincidan. Y eso es precisamente lo que ha pasado este viernes, solo un día después de que los republicanos aprobaran el acuerdo, cuando PSOE y ERC han discrepado públicamente sobre si la Constitución será o no un límite en la negociación que se han comprometido a abrir en 15 días. Mientras que para los socialistas cualquier acuerdo al que se llegue debe estar dentro de la Constitución, los independentistas creen que el marco pactado permite llegar más lejos.

“Hemos identificado que el marco legal es el ordenamiento jurídico democrático, y esto va mucho más allá de la Constitución”, ha explicado este viernes la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, en los micrófonos de Catalunya Ràdio. A juicio de la republicana, la Carta Magna no puede suponer “un tope” para la negociación pues “la democracia y la voluntad de la ciudadanía van más allá de los marcos legales que tenemos en cada momento”, ha expresado.

Pero el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, poco ha tardado en contradecir esta postura. Tras celebrarse la ejecutiva socialista donde se han ratificado los pactos alcanzados para la investidura, Ábalos ha asegurado que no hay posibilidad de que en la mesa con la Generalitat el Gobierno pacte nada que quede fuera de la Constitución, ni mucho menos que se someta a referéndum.

El socialista ha separado entre dos ámbitos: el espacio del intercambio y la negociación, donde cualquier propuesta puede ser debatida, y el acuerdo final que finalmente rubriquen el Govern de la Generalitat y el Gobierno central. “En la mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero eso no significa aceptar cualquier iniciativa”, ha resumido Ábalos. Además, en lo que respecta al ámbito de los acuerdos, el socialista ha dejado claro que el PSOE solo aceptará medidas enmarcadas dentro de la legalidad “vigente en ese momento”, es decir, en la Constitución.

Desde el PSOE no niegan que cabe la posibilidad de hacer cambios en el ordenamiento jurídico, incluidos el Estatut o la Constitución. Pero recuerdan que eso debería realizarse siempre mediante los mecanismos de reforma que prevén las propias leyes.

Validación en forma de consulta

Pero si la Carta Magna es o no un muro infranqueable en la negociación no es la única discrepancia que han dejado ver los partidos. El otro “punto gordo” importante del documento es el párrafo en el que se habla del referéndum. Según indica el texto “las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

Tanto el PSOE como ERC aceptan, por tanto, celebrar una consulta entre los catalanes. Menos claro está qué tipo de respaldo legal debe tener esta consulta pues, aunque la Constitución permite referéndums estatutarios en el territorio al que se refieren, los republicanos niegan que tengan intención de proponer o aceptar una reforma del Estatut en el acuerdo final. De esta forma el encaje de la consulta podría depender de la legislación autonómica sobre las consultas, siempre controvertida por haber sido el amparo legal del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, y que solo permite a la Generalitat a convocar votaciones no vinculantes.

Esquerra, con todo, ha evitado igualar la consulta pactada con ninguna clase de referéndum. De la misma forma, Ábalos ha querido subrayar que “una consulta no es un referéndum de autodeterminación”, por lo que las comparaciones que ha lanzado la oposición, en su opinión, carecen de sentido.