El TC y la inacción del Govern aparcan el proyecto de Seguridad Social catalana hasta después del 27-S
La Seguridad Social catalana es una de las estructuras de estado más importantes porque es el ente que debe garantizar las pensiones y las prestaciones sociales en una hipotética Catalunya independiente. Junts pel Sí lo sabe, y por eso uno de los primeros puntos de su programa electoral es la creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Pero este punto del programa no es una novedad. El acuerdo de estabilidad entre CiU y ERC de 2012 incluía el diseño de la Administración y la Tesorería de la Seguridad Social catalana “para garantizar la percepción futura en cualquier caso, de las pensiones y prestaciones de desempleo a los catalanes”.
La ley de acompañamiento de presupuestos para el 2015 obligaba al gobierno a elaborar antes de agosto un anteproyecto de ley de creación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que no se ha llegado a presentar. Además, el Govern ha incumplido dos mociones parlamentarias que le urgían a hacer avances en el proyecto. La Seguridad Social catalana, a día de hoy, está todavía en mantillas.
Tanto la ley de acompañamiento de presupuestos como una moción parlamentaria de mayo aprobada con los votos de CiU, ERC y CUP urgían al Govern a diseñar antes del 15 de julio un plan director de la protección social. El plan debía constituir “el instrumento de planificación estratégica del modelo futuro de gestión de las prestaciones de la seguredad social”. Este plan no se ha llegado a presentar.
A preguntas de Catalunya Plural sobre el incumplimiento de esta moción, una portavoz del departamento de Economía de la Generalitat ha señalado dos motivos. El primero, que la moción “ha decaído” tras el adelanto electoral. El otro, la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la disposición adicional 25 de la ley de acompañamiento de presupuestos que facultaba al Govern para aprobar en cinco meses del plan director de protección social.
El órgano único para las prestaciones, pendiente
Por otra parte, desde junio del año pasado, el Govern tiene el mandato parlamentario de crear un órgano único gestor de todas las prestaciones sociales y laborales que dependen de la Generalitat, pero que también pueda gestionar las prestaciones de otras administraciones. Es el organismo que debería servir de base para la futura Tesorería General de la Seguridad Social de Catalunya. Este órgano, a día de hoy, no existe. Solo existe es el 'Mapa de las prestaciones sociales en Catalunya', que, según la respuesta parlamentaria del departamento de Empresa y Empleo, es “la actuación previa y necesaria para el estudio de la viabilidad de disponer de un nuevo sistema de gestión de las prestaciones orientadas a la integración social y laboral”.
No obstante, el mismo mapa reconoce que le falta “abordar con más profundidad la aportación del Estado a la protección social de los ciudadanos de Catalunya así como la labor llevada a cabo por las administraciones locales, las entidades del tercer sector social y otros empresas e instituciones”. El documento no incluye la totalidad de la financiación, en forma de subvenciones, de la Generalitat a las entidades del tercer sector social que trabajan hacia la protección social ni la totalidad de las intervenciones que puedan estar realizando organismos privados como las cajas de ahorros u otros instituciones. De hecho, el mapa se autodefine como “una aproximación al alcance de la protección social en Catalunya” y como una “muestra amplia pero no exhaustiva” de las prestaciones.
El Govern ya había recibido recomendaciones sobre cómo debía desplegar la Seguridad Social. El Consell Assessor per a la Transició Nacional expuso en su informe sobre la Seguridad Social catalana presentado en julio del año pasado que la Agencia Catalana de la Seguridad Social debería tener una plantilla de unas 4.000 personas y un gasto en personal de cerca de 130 millones de euros.
La Seguridad Social ocupa una sola línea en el balance de la obra de Govern que realizó el ejecutivo. Dice que “se han elaborado los trabajos preparatorios del nuevo modelo de seguridad social catalana”. Estos trabajos, sin embargo, han tenido menos proyección pública por parte del Govern, a diferencia, por ejemplo, del modelo tributario que debe guiar la futura hacienda catalana.
Garantizar las pensiones en caso de independencia
El ejecutivo tenía un incentivo para tener lista la Seguridad Social catalana antes de las elecciones: la importante bolsa de votos que suponen los jubilados y de los trabajadores que creen que sus pensiones peligran en caso de independencia. En el referéndum escocés de septiembre del año pasado, por ejemplo, los partidarios del 'no' insistieron en los problemas que tendría una Escocia independiente para abonar las pensiones. Su mensaje caló en el electorado escocés de más edad, que hizo girar la balanza en la mayoría final en contra de la independencia.
Para CDC y la candidatura donde integrada, Junts pel Sí, presentarse con una Seguridad Social propia lista, o al menos con un proyecto avanzado, hubiera ayudado a superar los argumentos pesimistas sobre las pensiones. El mensaje de los miembros del Govern y de Junts pel Sí se ha centrado, sin embargo, en que Catalunya tiene suficiente trabajadores y cotizantes para garantizar las pensiones. Artur Mas, número cuatro de la lista y candidato a presidente de la Generalitat, ha asegurado en varias ocasiones que las pensiones “no tienen que preocupar”.
Los números en los que se basa la candidatura para defender la viabilidad de las pensiones en una Catalunya independiente salen de comparar los datos de la Seguridad Social de España y de Catalunya los últimos años. Así, entre los años 1995 y 2011 el saldo acumulado (la diferencia entre las aportaciones y las prestaciones) de la Seguridad Social para Catalunya es positivo, con 24.126 millones de euros, en euros constantes. Por el contrario, el conjunto de España ha alcanzado un saldo negativo de 82.704 millones.
¿Cómo se conseguirán los datos que deberán nutrir la Agencia Catalana de Protección Social de una Catalunya independiente y que están en manos del Estado español? El diputado de ERC y número 18 de la lista de Juntos el Sí, Oriol Amorós, explica que este será uno de los aspectos que configurarán la negociación con el Estado si las fuerzas favorables a la independencia consiguen la mayoría en las próximas elecciones. No descarta, sin embargo, la aportación de los datos por parte de los ciudadanos si el Estado se niega a cederlas.
