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Segundo exalcalde catalán condenando por desobediencia en el referéndum del 1-O

El exalcalde (i) a la entrada del juzgado

elDiario.es Catalunya

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Una jueza de Lleida ha condenado al exalcalde de Alcarràs Miquel Serra a tres meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por haber facilitado la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 en el municipio. Se trata del segundo exalcalde de una población catalana que resulta condenada por facilitar la votación después de la condena al exalcalde de Agramunt y exconseller de Exteriores Bernat Solé. Otros dos ediles han resultado absueltos.

En su sentencia, la magistrada del juzgado de lo penal 3 de Lleida inhabilita a Ros –que ya no ocupa un cargo electo– y le impone una multa de 450 euros, una pena menor que el año y tres meses de inhabilitación que reclamaba la Fiscalía. Serra, que actualmente es el presidente de la Federación Regional de ERC de Lleida, puede recurrir la sentencia condenatoria ante la Audiencia de Lleida.

Serra negó durante el juicio haber cedido el centro cultural Lo Casino para la celebración del 1-O y, por tanto, haber facilitado la celebración del referéndum en el municipio. Durante el juicio, Serra aseguró también no haber recibido los requerimientos de la Delegación del Gobierno para impedir que se llevara a cabo y también negó haber dado instrucciones a la ciudadanía para ir a votar o cómo actuar si venía la policía.

Sin embargo, según la sentencia, queda probado que Serra “con propósito firme” permitió que se celebrase el referéndum en Alcarràs pese a ser “plenamente consciente” de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Constitucional (TC) que ordenaban impedirlo, informa la ACN.

La jueza considera que “contraviniendo el mandamiento judicial” el exalcalde accedió a que el local municipal Lo Casino se usara como punto de votación, acudió al mismo de madrugada y se resistió a la intervención de la Guardia Civil de forma “persistente y obstinada” para impedir que los agentes accedieran al local a dar cumplimiento al mandato judicial para impedir la votación.

El exalcalde alegó que se puso en primera fila frente a la Guardia Civil para evitar “consecuencias graves” y proteger a la ciudadanía. Pero a jueza recuerda que la desobediencia funcionarial consiste en negarse abiertamente a dar cumplimiento a órdenes judiciales ya sea por acción o por inacción, omisión o pasividad y que la actuación de Serra fue una resistencia pasiva “evidente, inerte y con voluntad claramente de obstaculizar la acción policial”.

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