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Denuncian que Castilla-La Mancha “sigue sin actuar” contra las cláusulas suelo

Foto: Facua

elDiarioclm.es

La Organización de Consumidores Facua ha denunciado que tras tres años de denuncias, Castilla-La Mancha “sigue sin actuar contra las cláusulas suelo”. Según apunta, estas demandas comenzaron en marzo de 2013 contra una veintena de bancos, y ante las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de todos los gobiernos autonómicos, organismos competentes para aplicar sanciones por este “fraude masivo” a los consumidores españoles.

En el caso de Castilla-La Mancha, este colectivo precisa que la Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Consejería de Sanidad, “nunca contestó a ninguna de las denuncias”. Pero sus críticas se dirigen también a nivel nacional, ya que tampoco han adoptado medidas, agrega, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el competente en las políticas de protección a los consumidores.

Aún así, Facua afirma que es “escandaloso” que las autoridades de protección al consumidor autonómicas “hayan optado por desentenderse de sus competencias sancionadoras ante el mayor fraude de la historia”. Para eludir estas actuaciones, el colectivo acusa a estos organismos de “inventar” que sólo pueden actuar los tribunales, “derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas a otras comunidades autónomas”. “Es una muestra más de la pasividad de las comunidades autónomas ante las graves irregularidades que sufren los usuarios”, añade.

Explica que el “macrofraude” de las cláusulas suelo ha provocado miles de millones de euros de “beneficio ilícito para la banca”, gracias a la ausencia de actuaciones tanto de las comunidades autónomas como de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. “PSOE y PP se han cambiado los papeles a favor o en contra de la cláusula suelo según estuviesen en el Gobierno o la oposición”, resalta, concluyendo que la “inacción” ha obligado a judicializar estos casos.

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