“Mejoras y avances” en el nuevo Decreto de Dependencia, con un incremento presupuestario anual de 2,8 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado uno de los grandes compromisos del equipo de Emiliano García-Page: el nuevo Decreto de Dependencia. En concreto, se trata del Decreto de procedimiento para el reconocimiento de la dependencia y derecho de acceso a servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. El nuevo Decreto de Procedimiento de la Dependencia sustituye así al aprobado en 2013 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y presenta “mejoras y avances” respecto al que finalmente fue anulado por la Justicia tras la acción de la Plataforma regional en Defensa de la Ley de Dependencia.

Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, ha señalado que se avanza en la simplificación de los trámites y también en la documentación que hay que entregar para iniciar los procedimientos. Tal como se había anunciado se dará prioridad a los supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”, así como a quienes se encuentren en situación de “especial vulnerabilidad”, con especial énfasis en los menores de seis años. Otro de los avances es que se amplía el contenido en relación al Decreto anterior, ya que se incluye la determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria de servicios o prestaciones.

El decreto se suma al que ya aprobó el Ejecutivo en 2017, relacionado con el catálogo de prestaciones de Dependencia y con el sistema de compatibilidades y pretende ofrecer “seguridad jurídica” a las personas, sus familias y también al sistema, explicó la consejera. A partir de su entrada en vigor, las personas sólo deberán adjuntar la solicitud y el informe médico que corrobora su estado de salud, pero será el equipo de Bienestar Social el que se encargue de procesar el resto de la documentación para la elaboración del Programa Individual de Atención. Por ejemplo, ya no se tendrá que adjuntar el informe social previo, antes “imprescindible” y será la consejería la encargada de corroborar los datos. 

El documento incluye un procedimiento específico para la valoración que concierne a los niños y niñas menores de seis años, así como para decidir la prestación que recibirán. “Toda la tramitación se va a reducir a la mitad, es decir, en vez de seis meses, tres”, explicó. Los menores contarán igualmente con un profesional de referencia durante todo el proceso, que estará encargado de trabajar con las necesidades específicas de cada uno de los niños y sus familias, para que se sientan acompañados y se facilite la valoración del expediente. Un cambio “fundamental”, recalcó Sánchez.

Por otro lado, se regulará el cálculo de la capacidad de la persona dependiente en relación a las tres prestaciones económicas del sistema de dependencia: la prestación económica de cuidados en el entorno familiar; la prestación vinculada al servicio y la prestación de asistencia personal.  Un cálculo que se hace “por primera vez”, aseguró Sánchez. Además, se podrá compatibilizar el servicio de Centro de Día con el 50% de la prestación de cuidados en el entorno familiar, en el caso de los dependientes en grado tres, y también se incluye el aumento de la cuantía para las personas dependientes de grado dos, que estén en lista de espera para un centro. 

Estas últimas dos medidas entrarán en vigor a los seis meses de la publicación del decreto, mientras que el resto de ellas lo hará a los 20 días de la publicación del documento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Ante la situación todavía desconocida de los presupuestos de 2019, la consejera de Bienestar Social se ha mostrado segura de que no impedirán la puesta en marcha de este nuevo Decreto: “siempre se pueden hacer las mejoras oportunas”, aseveró. “Las mejoras que acabo de presentar supondrán un incremento presupuestario anual de 2,8 millones de euros”, concluyó.