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Ayudas mínimas fijas y compatibilidad de residencia con prestaciones: así será el esperado nuevo decreto de Dependencia

Detallamos los cambios de este proyecto, que ya ha salido a información pública y que pondrá fin a las restricciones del Gobierno de Cospedal

Esta nueva medida sustituye al decreto del PP de 2013 incorporando menos plazos para menores dependientes y la simplificación de los trámites

La previsión del Gobierno castellano-manchego es que todas las novedades con impacto económico entren en vigor el 1 de enero de 2019 

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Dependencia

Europa Press

Tras más de tres años de legislatura y muchos preparativos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto de procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia. Se trata de una medida muy esperada por los afectados y que derogará la normativa que a este respecto aprobó el Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal en 2013 y que sigue vigente.

Acabar con esta normativa “llena de restricciones” fue una de las principales promesas que el presidente actual, Emiliano García-Page, realizó durante su discurso de investidura, y el hecho de no haberlo aprobado todavía ha provocado críticas muy duras de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

El objetivo principal del nuevo decreto es dar cumplimiento a la Ley estatal de Dependencia del año 2006, que dejó en manos de las comunidades autónomas las funciones de planificación, ordenación, coordinación y dirección, así como los servicios de promoción de la autonomía personal. Pero debido al envejecimiento de la población castellano-manchega y a las particularidades de la región, va mucho más allá, según recoge el texto y según ha detallado a eldiarioclm.es la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra.   

En primer lugar, uno de los objetivos prioritarios es agilizar los trámites para las solicitudes de ayudas y valoración. Con la aprobación de esta medida, se mantendrán solo aquellos indispensables para determinar la situación de dependencia y el derecho de acceso a los servicios y prestaciones. En esta materia se avanza en la simplificación de la documentación necesaria para la comprobación de la capacidad económica, que se hará siempre, o bien de oficio por la Administración, o bien mediante declaraciones responsables, por lo que la persona solicitante no debe aportar ninguna clase de documentación siempre que no conste oposición a su consulta o suscriba las declaraciones responsables previstas en la solicitud inicial. “Es algo muy necesario; tenemos que evitar que los ciudadanos vayan de ventanilla en ventanilla”, afirma la directora general. 

La piedra angular: menores y cuantías mínimas

Tal y como adelantó la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez, se introduce también como novedad un procedimiento específico tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual de atención a los niños y niñas menores de seis años, por la especial urgencia en la atención que requieren y reduciendo el plazo máximo general de resolución a la mitad, es decir, a tres meses.

Pero además, una de las materias más importantes del nuevo decreto es el establecimiento, por primera vez regulado normativamente, de cuantías mínimas mensuales para las prestaciones económicas, “con independencia de la capacidad económica de la persona”. En las denominadas prestaciones vinculadas al servicio (aquellas que se otorgan cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado), esta cuantía mínima será un 10% por ciento del coste del servicio como mínimo; mientras que en las ayudas para cuidados en el entorno familiar será un 33% de la cuantía máxima.

“Lo que hacemos es utilizar las formas fijadas por el Consejo estatal de Dependencia pero mejorándolas, porque si las aplicáramos tal cual están para una persona con una capacidad económica mediana, a la gran mayoría de las personas les saldaría una prestación cero”. Hasta ahora, la fijación de estas cuantías mínimas de había realizado de forma “arbitraria”.

En lo referente a la forma de cálculo para determinar la cuantía mensual de las prestaciones económicas, se establecen mejoras en los criterios utilizados y se ponen a disposición de los usuarios. Se trata de un “ejercicio de transparencia” que se había regulado en 2009 y que posteriormente quitó el Gobierno de Cospedal. 

Nuevas compatibilidades de ayudas y residencia

Por otra parte, con la aprobación del nuevo decreto se modificará parte del aprobado en enero de 2016 sobre el el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha y se determinará la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicable. Lo más importante es que se establece la posibilidad de compatibilizar el servicio de centro de día de atención a personas con discapacidad con un 50% de la prestación para cuidados en el entorno familiar. El objetivo es “prestar una atención integral”. 

Finalmente, se ha incorporado importes superiores para la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial para personas con dependencia reconocida Grado II como mecanismo para asegurar que ninguna persona en situación de dependencia deje de ser atendida por falta de recursos económicos, mientras se encuentra a la espera de obtener plaza en un recurso de atención residencial de carácter público. Esta medida parte del hecho de que una residencia cuesta lo mismo para un dependiente de Grado II que para uno de Grado III y sin embargo la prestación vinculada al servicio es diferente: 426 euros en el primer caso y 715 euros en el segundo. “Ahí hay un déficit”, precisa Ana Saavedra, por lo que se incrementa hasta los 610 euros para el Grado II, de manera que estas personas con dependencia "tengan oportunidad de optar a una plaza pública, pero mientras tanto puedan ir a una residencia privada". 

La previsión del Gobierno regional es que las tres medidas con impacto económico relacionadas con prestaciones entren en vigor el 1 de enero de 2019 con cargo a los presupuestos del próximo ejercicio. Mientras, el Ejecutivo sigue reclamando la deuda del Gobierno central con la comunidad autónoma. La directora general recuerda que la ley estatal preveía que la financiación sería al 50% y actualmente el Estado está financiando estas prestaciones por debajo del 16%.

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