Podemos pide incluir la “violencia institucional” en la futura ley regional de protección de las mujeres
Comienza la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, una de las más importantes de la presente legislatura, y los partidos políticos ya han presentado sus enmiendas al texto, bajo la previsión de que pueda aprobarse el próximo otoño. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos, partido socio de gobierno en esta comunidad autónoma, han registrado un total de 19 enmiendas, de las cuales la mitad piden modificar algunas cuestiones de contenido y el resto suponen mejoras técnicas y precisiones.
Tanto la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han pedido desde el principio que esta futura normativa pueda ser aprobada por unanimidad. A la luz de estas propuestas, no parece en principio que pueda haber grandes polémicas, apuntan fuentes parlamentarias.
Una de las enmiendas más importantes de la formación morada es la que pide incluir el reconocimiento de la “violencia institucional”. Con ello se refiere a las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes de instituciones públicas, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos para asegurarles una vida libre de violencia.
Garantía de las ayudas
Asimismo, en Podemos quieren que se incorpore una disposición adicional donde se asegure que los Presupuestos regionales garanticen las partidas necesarias para las cuantías destinadas a todas las ayudas incluidas. También aboga por que, en el apartado referido a los estudios universitarios con contenidos en igualdad de género -una de las novedades de la futura normativa-, sean las universidades con estudios en Castilla-La Mancha, con el asesoramiento jurídico del Instituto de la Mujer, los que promuevan la iniciativa.
Por otra parte, en cuanto al futuro órgano de vigilancia para que la publicidad, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad, la formación morada pide que se desarrolle reglamentariamente y, al menos, formen parte del mismo asociaciones de mujeres y organizaciones feministas. Asimismo, defiende que este órgano elabore y publique los informes emitidos y que se remitan a las Cortes de Castilla-La Mancha.
Otras incorporaciones de este partido político tienen que ver con el personal docente y no docente de los centros educativos. Mientras en el proyecto de ley se establece que estos últimos no tolerarán ninguna forma de machismo y misoginia entre las personas de la comunidad educativa, con correspondientes sanciones en los reglamentos de régimen interno, Podemos precisa que debe hablarse de “medidas correctoras” de estas conductas en las denominadas Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro (NCOF), y aplicando “criterios pedagógicos” de respeto a la identidad e imagen de la mujer. También incide en la importancia de incorporar al personal no docente en la formación del profesorado contra la violencia machista.
Nuevas masculinidades y declaración responsable de empresas
Finalmente, este grupo parlamentario propone que las medidas dirigidas a los hombres con el fin de abordar la desigualdad de género incluyan también la “construcción de nuevas masculinidades”. Y en otra enmienda incorpora que las empresas y entidades solicitantes de ayudas públicas deban presentar, junto con su solicitud, una declaración responsable del hecho de no haber sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias condenatorias relacionadas con la violencia contra la mujer.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, en el apartado de las medidas de prevención, promoción y sensibilización, añade un nuevo apartado para potenciar el uso de imágenes positivas, roles y lenguaje inclusivo como “herramientas necesarias para disolver las desigualdades de género y las diferentes formas de violencia machista”, que en el proyecto de ley está incluido en otro apartado. En cuanto a la implantación de una asignatura obligatoria en Educación Primaria y Secundaria, añade que la inclusión de elementos para potenciar la visibilidad de la mujer no se introduzca solo en los currículos de historia sino en todas las asignaturas.
Los ‘populares’ también piden en varias de sus propuestas que se garantice la cuantía de las ayudas destinadas a las mujeres víctimas de violencia machista y también que, en el acceso a la vivienda, se añadan los municipios donde no han recursos de iniciativa pública. Igualmente, en los programas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, este partido quiere que se incorpore una especial atención a aquellas familias que viven en el mundo rural.
Por último, el PSOE ha presentado cinco enmiendas, casi todas de carácter técnico. Tan solo incorpora en una de ellas que se haga referencia en la exposición de motivos al Acuerdo de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, relativo al informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el que se reconoce que son las comunidades autónomas quienes asumen las competencias de la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas.
