Colectivos del Parque Alcosa de Alfafar denuncian “persecución ideológica y acoso institucional”

Varias organizaciones sociales del Parque Alcosa de Alfafar han presentado dos quejas formales ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana por lo que consideran “persecución ideológica y persecución por parte de la administración”.

Las quejas se dirigen contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Servicios Sociales y en ellas denuncian la supuesta “vulneración de derechos fundamentales, desviación de poder, persecución ideológica y un acoso institucional que amenaza con desmantelar los proyectos comunitarios que sostienen a cientos de familias en situación de vulnerabilidad”.

Aseguran que la Generalitat mantiene una deuda de más de 300.000 euros con la cooperativa social del barrio y que este hecho forma parte de una “estrategia coordinada para desmantelar la respuesta comunitaria”.

Esta estrategia incluye, según sostienen los denunciantes, el “desalojo del único supermercado solidario activo tras la dana, el bloqueo de proyectos sociales como un comedor y la negativa a la participación ciudadana”.

En el transcurso de una concentración de protesta frente al Palau de la Generalitat por estos hechos, el portavoz del colectivo SOS Parke, Juan Miguel Fernández, ha asegurado: “Estamos explorando la posibilidad de judicializar estos hechos en colaboración con la Universitat de València”.

“El PP gestiona tanto el Ayuntamiento como la Generalitat y está castigando el trabajo inmediato que se hizo tras la dana y las críticas a la gestión de la dana; por eso persiguen políticamente a este colectivo”, ha añadido.

La concejala de Compromís en Alfafar Amalia Esquerdo ha defendido que “la cooperativa lleva 38 años trabajando con el Ayuntamiento en materia de inserción laboral y desde hace años se niega a renovar el convenio”, y ha asegurado: “Pedimos reuniones para negociar, pero no dan garantías de que seguirán trabajando con la cooperativa”.

En este mismo sentido, el portavoz del PSPV en esta localidad, Rubén Martínez, ha lamentado que “primero se haya desalojado, antes de negociar”, y ha añadido: “No podemos entender que la Administración trabaje de esta forma. Pedimos diálogo, trabajo con las entidades para subsanar las deficiencias técnicas que existan y que se pare la persecución política de las entidades sociales”.