El desmarque del Gobierno en la ampliación del Puerto de València abre un conflicto en los gobiernos de Ximo Puig y Joan Ribó

El Gobierno de España, con la decisión de los ministerios de Transición Ecológicas y de Transportes, que dirigen Teresa Ribera y José Luis Ábalos, respectivamente, de desentenderse de la polémica sobre la ampliación del Puerto de València, ha abierto un conflicto en la Generalitat Valenciana que preside su correligionario Ximo Puig, y en el Ayuntamiento de València, del que es alcalde Joan Ribó, de Compromís. En ambos casos se trata de ejecutivos que comparten las fuerzas del Pacto del Botánico.

Si en la Generalitat Valenciana, la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, de Compromís, ya ha expresado su oposición al proyecto sin una nueva evaluación de impacto ambiental, en el Ayuntamiento es el mismo alcalde el que ha anunciado su oposición a dar luz verde a la obra, que implica la construcción de un muelle para grandes buques de contenedores de más de 130 hectáreas gestionado por la naviera MSC. Cargos públicos y dirigentes de la coalición valencianista y del otro socio del Pacto del Botánico, Unides Podem, expresaron sus críticas a la actitud de la Administración central nada más conocerse la noticia, que ha sido acogida con un generalizado silencio en las filas socialistas.

Según algunas fuentes, la jugada, liderada por Ábalos, devuelve la pelota a Ximo Puig, que esperaba que el Gobierno asumiera la responsabilidad de la decisión y alejara del Pacto del Botánico las tensiones, al poder enfocar la mirada hacia el Gobierno.

La respuesta de Puertos del Estado, que se ha limitado a emitir un documento informativo mientras desde el Ministerio de Transición Ecológica se modificaba la normativa para que recaiga la responsabilidad de decidir si hay que evaluar de nuevo el impacto ambiental del proyecto de ampliación sobre la Autoridad Portuaria de València, propicia una división en la izquierda valenciana que se reflejará en el consejo de ese organismo.

La Autoridad Portuaria de València, que preside Aurelio Martínez, promotor de la polémica al empeñarse en plantear desde el principio que la ampliación del puerto está amparada por una declaración de impacto ambiental de 2007, debe reunir a su consejo de administración, en el que están representados la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. En ambos casos hay división de opiniones y se prevé que, al menos los miembros de Compromís, se opongan a seguir con la adjudicación de la dársena a TIL, la filial de la naviera MSC.

Al modificar la normativa para que la Autoridad Portuaria pase a ser el “órgano sustantivo” con capacidad de decidir sobre la evaluación de impacto ambiental, el Gobierno, y singularmente el organismo Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes, transfieren a los miembros del consejo de administración cualquier responsabilidad que se pueda derivar del más que probable conflicto judicial que se desencadenará.

Los sectores que se oponen a la ampliación portuaria, agrupados en la Comissió Ciutat-Port, ya han anunciado que recurrirán a los tribunales porque consideran que la declaración de impacto ambiental de 2007 no es válida para un proyecto que ha sido sustancialmente modificado.

Todo apunta a un conflicto ciudadano de largo recorrido y a un problema político de envergadura en el seno del Pacto del Botánico.