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Una entidad contra la regulación del juego vende como “éxito” que la justicia tumbe un decreto que ya no está en vigor

Máquinas tragaperras en un establecimiento.

Lucas Marco


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La Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) califica de “éxito jurídico y moral para el sector del juego privado en la Comunitat Valenciana” la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que ha anulado un decreto del Consell del 2015 que establecía una distancia mínima de 700 metros entre los establecimientos.

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El decreto, sin embargo, ya no está en vigor, al haberse aprobado la nueva ley del juego en 2020. De hecho, la sentencia del TSJ-CV aclara que no entra a valorar la nueva legislación autonómica que pone coto a los salones de juego y de apuestas. La Conselleria de Hacienda considera que la fijación de distancias es una competencia del Consell: la normativa en vigor alude a “razones de interés general”.

Sin embargo, la UTSAJU, una entidad vinculada a un exdiputado del PP que asesora a la patronal catalana del juego, considera que el fallo del TSJ-CV supone una advertencia para la Generalitat Valenciana: “No puede legislar en materia de juego al margen de la normativa estatal y europea que protege la unidad de mercado”, ha dicho la asociación en un comunicado. Un argumento que ya desestimó la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del Gobierno central.

La asociación estima que la resolución llega “tarde” pero “le deja claro a la administración que, en cuanto a la regulación del juego privado, no vale todo” y la regulación normativa de este sector “debe de adecuarse a nuestro ordenamiento jurídico con todo lo que ello conlleva”. UTSAJU critica que “los trabajadores de los salones, a los que el Botànic condena al paro, son las víctimas de una regulación injusta y arbitraria que se ha desarrollado sin diálogo ni escuchar” a los empleados.

Un “triunfo” de los intereses empresariales

El letrado Santiago Moreno, encargado del recurso contra el decreto, ha dicho que la sentencia “supone un éxito muy importante del Estado de Derecho frente a regulaciones normativas que se hacen más desde criterios ideológicos carentes de justificación que desde criterios de necesidad y proporcionalidad y en consonancia con nuestro ordenamiento jurídico”.

El abogado de la asociación de trabajadores también considera que se trata de “un triunfo claro en cuanto a la defensa de los legítimos intereses de un sector empresarial, el juego privado, que los últimos tiempos viene sufriendo todo tipo de ataques injustificados por parte de algunos sectores políticos y de algunas administraciones públicas, lo cual resulta más grave”.

Ley contra la ludopatía

La nueva ley autonómica contra la ludopatía, aprobada en 2020 con los votos del Pacte del Botànic, establece que los locales de juego valencianos no deben tener publicidad, ni salas de fumadores, deben estar aislados de otros establecimientos similares y a 850 metros de distancia de centros educativos. Tampoco pueden dar créditos rápidos a los jugadores, tienen que controlar el acceso y, además, están obligados a proporcionar información sobre la ludopatía.

Por otro lado, las máquinas tragaperras situadas en locales de hostelería necesitan un mecanismo de activación y desactivación, similar al de las expendedoras de tabaco, y no pueden emitir luz y sonido mientras no estén siendo usadas.

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