Una entidad ultra recurre el derribo de la cruz franquista de Castelló: “Es propio de terroristas”

Cruz franquista en el parque Ribalta de Castelló.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas para paralizar el derribo de la cruz franquista del Parque Ribalta de Castelló.

“El caso de la cruz de Castellón, así como los derribos llevados a cabo por los radicales de Ernai en el País Vasco, son una muestra de la persecución a símbolos cristianos que hay en España, algo que nos recuerda a los talibanes y que es propio de terroristas”, ha declarado la presidenta de la entidad, Polonia Castellanos.

La organización ultraconservadora mantiene otro procedimiento contra la licitación de las obras por parte del ayuntamiento de la localidad, gobernado por la socialista Amparo Marco, a la espera de sentencia por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló.

La intención del consistorio es retirar la cruz, instalada en 1944, del espacio público y cederla al obispo Casimiro López Llorente. En ningún caso derribarla, como sostiene 'Abogados Cristianos'.

Para Polonia Castellanos, que ha anunciado “medidas penales contra los responsables del derribo”, el desmontaje del símbolo franquista “supone un grave ataque contra la libertad religiosa”.

Informe pericial

La entidad considera que la licitación de las obras “incurre en irregularidades” y ha aportado ha aportado un informe pericial elaborado por un arquitecto que advierte de que la retirada de la cruz llevaría aparejados daños en el monumento que imposibilitarían su reposición en caso de fallo favorable.

El Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat Valenciana avaló la retirada de la cruz. La entidad ultra incluso consiguió suspender momentáneamente el presupuesto dedicado a memoria histórica del consistorio. Finalmente, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) tumbó la suspensión del presupuesto

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