Fiscalía rebaja a dos años de prisión su petición de pena para los cabecillas del saqueo de la depuradora de Pinedo en el juicio por el fraude del IVA

La Fiscalía ha rebajado la pena solicitada para los tres acusados por el fraude del IVA, de tres años y seis meses a dos años de prisión para cada uno, en el marco del saqueo de la depuradora de Pinedo. Lo tres acusados —el facturero de la trama, Jorge Ignacio Roca; el expresidente de Emarsa Enrique Crespo; y el exgerente de la entidad Esteban Cuesta— ya han sido condenados por el Tribunal Supremo a largas penas de prisión (Roca ingresará la semana que viene en la prisión de Teruel para cumplir las condenas pendientes).

La fiscal, a pesar de rebajar su solicitud de pena, ha pedido que no se tenga en cuenta el atenuante de confesión a Roca: “Lo que no puede es adherirse a la cuestión de nulidad como plan A y como plan B reconocer los hechos”, ha dicho la representante del Ministerio Fiscal. Tampoco merece, sostiene la Fiscalía, la rebaja por dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que el facturero se fugó a Moldavia, donde fue detenido con un pasaporte falso. “Si alguien no merece el atenuante de dilaciones indebidas es Roca”, ha dicho la fiscal, quien ha recordado que la instrucción de un caso tan complejo como el saqueo de Emarsa se hizo en un “tiempo bastante razonable”.

La última sesión del juicio por el fraude del IVA en la facturación falsa de la trama del caso Emarsa ha contado con la declaración de dos peritos de la Agencia Tributaria, que han confirmado que las facturas eran una mera simulación para esquilmar a la empresa pública y obtener más beneficios con las liquidaciones del IVA. “Yo he estado en esta sala siete veces”, ha asegurado uno de los peritos que firman el informe.

El funcionario detectó que las facturas de las empresas de Roca corresponden a un “trabajo ficticio”. Las empresas del facturero aparentaban tener unos costes que en realidad eran pura fantasía: “Emiten facturas irregulares a Emarsa que no obedecen a operaciones reales”, ha explicado el perito de Hacienda que declaraba por videoconferencia desde Barcelona (las empresas de Roca estaban domiciliadas en la ciudad condal).

El facturero, experto en atajos fiscales, no tributaba por estas facturas aunque las incluía en sus declaraciones. “No tiene locales, costes reales ni medios productivos”, ha añadido el perito. Roca inflaba “artificialmente” las facturas hasta obtener unos márgenes de beneficios de hasta el 300%, un resultado que no tiene “ninguna justificación económica”. El acusado, que ha sido tildado de cerebro de la trama, residía en el extranjero (antes de fugarse a Moldavia vivía en el sur de Francia) y sus empresas estaban en “domicilios ilocalizados”, a excepción de una mercantil que estaba domiciliada en una gestoría (a partir de ahí los investigadores tiraron del hilo). 

Roca dispuso de fondos a través de cajeros automáticos, hasta 600.000 euros. Así, los peritos detectaron “grandes retiradas de fondos que no obedecen a ningún criterio económico de carácter empresarial”, si no era con el objetivo de “ocultar el destinatario real de las operaciones”. El facturero admitió el pasado lunes durante la primera sesión del juicio que los cabecillas de la trama usaban las tarjetas de crédito a su nombre para esquilmar cómodamente los fondos públicos de la depuradora en cajeros automáticos. “Sencillamente se van llevando el dinero”, ha resumido uno de los peritos.

La investigación también detectó desvío de fondos a Malta, mediante cuatro transferencias por un valor total de 670.000 euros. “Esa operación que se declara como adquisición intracomunitaria sirve sólo para sacar recursos financieros hacia Malta pero no obedece a una operación real”, sostiene uno de los peritos. El dinero público fue a parar al facturero, experto en este tipo de operaciones, esta vez en Malta. 

Roca, tal como rememoró en la primera sesión del juicio, facturaba al 7% y refacturaba al 16%. “Son perfectamente conscientes de que el tipo para los lodos es del 7%” pero “cuanto más IVA repercutas, más dinero te va a llegar”, ha argumentado el perito. El perjuicio a la hacienda pública, ha explicado el funcionario, se produce cuando el destinatario (la empresa pública Emarsa) se deduce las facturas emitidas por parte de las empresas de Roca, que a su vez se deducen facturas que no corresponden a operaciones reales.

Ganaban todos los integrantes de la trama y perdía Hacienda. “Se utiliza el mecanismo del impuesto para obtener una devolución indebida del dinero”, ha asegurado la fiscal, quien considera que tanto el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta como el expresidente Enrique Crespo eran “conocedores de la situación”. “El delito lo cometen los gestores de Emarsa, Roca es cooperador necesario”, ha agregado.

La representante del Ministerio Fiscal ha reconocido que otros cabecillas podrían haberse sentado en el banquillo de los acusados por esta subtrama del caso Emarsa: “Seguro que se debía haber acusado a muchas más personas, a muchos más proveedores. Se optó por llevar a juicio lo que teníamos más claro”, ha dicho la fiscal, quien también ha recordado que los responsables de la empresa pública, nombrados por el Partido Popular, ocultaron sistemáticamente documentación sensible al representante socialista en el consejo de administración Ramón Marí, a la sazón uno de los denunciantes e impulsores de la causa.

La letrada de la Agencia Tributaria ha defendido que la responsabilidad civil corresponde a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) porque las “las devoluciones indebidas del IVA le sirvieron para obtener pólizas de crédito”, un argumento que la letrada de la entidad —perjudicada y acusada— rechaza de plano. Los abogados de las defensas han pedido la nulidad del juicio o, al menos, que se tengan en cuenta los atenuantes por dilaciones indebidas y confesión.