El Gobierno reconoce el trabajo de los Servicios Sociales municipales en la dana con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social

El Gobierno reconoce el trabajo de los Servicios Sociales municipales durante la dana con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. El ministro Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado el reconocimiento durante la clausura este martes en Valencia la última jornada del I Congreso Multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad: ‘Los cuidados que queremos’.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ministerio para abordar los grandes retos de los servicios sociales y los cuidados en España. Tras su paso por Barcelona, Sevilla, Pamplona y Zamora, el Congreso ha cerrado su recorrido en la capital valenciana poniendo el foco en el impacto de la emergencia climática sobre las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

El distintivo supone un reconocimiento a su extraordinaria labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en las posteriores tareas de recuperación social y comunitaria. “Es el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público”, ha apuntado Bustinduy, señalando que cualquier reconocimiento es limitado pero que “la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar”.

Además, Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos destinados a reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social. Las cruces serán otorgadas el próximo 15 de junio en un acto en la sede del ministerio.

Respecto a los efectos de la crisis climática y las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, el ministro Bustinduy ha defendido que estos no impactan por igual en toda la población, sino que recaen con una mayor intensidad sobre quienes ya sufren situaciones de desigualdad o exclusión social. “Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas”, ha subrayado. En este sentido, el ministro apunta que la crisis climática exige de una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las diferentes capacidades de las personas para afrontar una realidad marcada por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

“La experiencia nos ha enseñado lo cruel que es un sistema que permite que quienes menos tienen, quienes viven mayores dificultades en nuestra sociedad, se vean doblemente afectados por la crisis climática”, ha recalcado. Por ello, Bustinduy defiende la necesidad de “reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática” que incorpore las necesidades y vulnerabilidades específicas de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados, como las personas migrantes; personas en situación de dependencia; con discapacidad; las mujeres, los niños y niñas; las personas inquilinas; las personas con menos recursos o con bajos niveles educativos.

“Hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto”, defiende el ministro. Además, durante la jornada Bustinduy ha anunciado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a publicar un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática para dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI. El encuentro ha servido para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y avanzar en una hoja de ruta. A lo largo de la jornada de este martes se ha analizado cómo adaptar los servicios sociales y las comunidades a los efectos del calentamiento global para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Además, se ha abordado el impulso de una protección social inclusiva que garantice que las políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático contribuyan a reducir las desigualdades.