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Espai que combina l’actualitat al voltant de les polítiques de les administracions valencianes en matèria de memòria democràtica i exhumació de fosses amb continguts més especialitzats sobre la història de la repressió franquista i els avanços en les investigacions acadèmiques. Reportatges, entrevistes, actualitat, opinions, informació sobre recerques universitàries o publicacions...

La asignatura (cada vez menos) pendiente de las exhumaciones de víctimas del franquismo en Alicante

Cementerio de Alicante.

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Alicante fue la última frontera que traspasó el franquismo durante la guerra. Provincia de retaguardia y resistencia, el bando nacional acabó extendiendo la política de represión que se había venido instalando tiempo atrás en otros puntos de España. Los fusilamientos de defensores de la República o simplemente sospechosos de serlo se sucedieron, llegándose a cometer, según cálculos del historiador Miguel Ors, 735 fusilamientos en la posguerra. 

De esos fusilados, unos 400 descansan en fosas del cementerio de la capital donde la única actuación que ha tenido lugar hasta la fecha ha sido la de la exhumación del poeta Miguel Hernández, enterrado inicialmente en el nicho 1009 para ser trasladado en la década de 1980, junto con los cuerpos de su mujer e hijo, a la zona del camposanto dedicado a alicantinos ilustres. 

Pero esta inacción en Alicante va a cambiar en dos semanas, cuando la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática prevé iniciar los trabajos de exhumación de la fosa 10, donde inicialmente se cree se encuentran 11 cuerpos de Dénia, Dolores, Novelda, Orihuela, Redován, Ibi, Alcoi, Callosa de Segura y Rafal. De esta última localidad era oriundo Ginés Pérez Egido, el abuelo de María José Pérez, miembro de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante, constituida en septiembre del año pasado

Pérez se muestra “esperanzada” de poder localizar a su abuelo, militante del PCE fusilado el 25 de mayo de 1940, aunque es consciente de que existe la posibilidad de que no encuentren nada, como ha ocurrido en las excavaciones de los cementerios de Orihuela y Monòver, las otras dos actuaciones de la Generalitat en la provincia de Alicante junto con la de Benissa, donde solo se pudo recuperar los restos de uno de los cinco brigadistas que se suponía que yacían allí.     

Con un presupuesto de 13.637 euros, el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, desconoce la duración de estos trabajos de investigación, ya que, pese a ser una fosa pequeña, “no sabemos qué nos vamos a encontrar y cuánto van a tener que profundizar”. Se tratará de una primera actuación que servirá “para tomar la medida de cómo están las cosas bajo tierra”, cuya elección, entre las 34 fosas que existen en el cementerio de Alicante, ha venido determinada, entre otras cuestiones, por el número de familiares -cuatro de 11- que han solicitado la excavación.

“Buscamos familiares”

A este respecto, la asociación alicantina se está encargando de buscar a familiares de las víctimas fusiladas en el cementerio para “hacer más fuerza” de cara a solicitar las subvenciones de las exhumaciones a la Administración, explica Fernando Martínez, miembro de la ejecutiva. Así, y con la intención de que se abra próximamente la fosa 14, que reúne a 15 personas, han emitido un cartel en redes sociales con los nombres de los fallecidos según el municipio, consiguiendo localizar a dos familiares en los últimos días, explica Martínez. “La gente, cuando descubre que podrían encontrar a sus abuelos o bisabuelos fusilados, se emociona mucho”, señala. 

Otra de las labores de la asociación consiste en hablar con los ayuntamientos de los municipios de donde proceden todas las víctimas para que les ayuden en esa búsqueda de sus vecinos y también para que se adhieran a la petición de subvenciones otorgadas por la conselleria para este año. El plazo de solicitud, explica Iñaki Pérez, se ha tenido que ampliar del 15 de febrero al 15 de marzo para que entren más consistorios interesados gracias a la “presión” de la asociación. 

Fernando Martínez espera una “mayor implicación” de las administraciones alicantinas, como se ha venido produciendo en las otras localidades valencianas, como en Gandia, Paterna o Castelló, con colaboración directa entre los consistorios y la Diputación, para que Alicante deje de tener como asignatura pendiente el reconocimiento de las víctimas represaliadas.  

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