Dos años de ERTEs: regulación, cobertura y efectos

Cuando todo parecía confirmar que estábamos en la fase de salida de la crisis provocada por la COVID, hace ahora dos años, y avanzando hacia la normalidad sanitaria y la recuperación económica, los daños colaterales derivados de la guerra desatada por la invasión rusa de Ucrania, además del drama humanitario que supone, amenazan con frenar ese proceso y abrir una nueva/vieja etapa de incertidumbre y recesión.

Es, pues, el momento de analizar los modelos de gestión de crisis desarrollados hasta ahora, evaluar sus resultados y ponderar su posible adaptación al nuevo escenario.

Mientras que la crisis financiera (2008-2015) se gestionó de forma unilateral por el Gobierno conservador, tanto en su regulación legal (reforma laboral de 2012) como económica (recortes, congelación salarial) y social (despidos, debilitamiento de la negociación colectiva), la gobernanza de la crisis sanitaria impulsada por el gobierno progresista (2020-2022) representa un auténtico cambio de paradigma, tanto por la metodología utilizada (diálogo social e institucional) como por las estrategias desarrolladas de carácter legal (reforma laboral negociada) y socioeconómico (inversión pública, incremento del SMI, ayudas a trabajadores y empresas, reforzamiento de la negociación colectiva).

Los efectos de ambos modelos de gestión resultan, asimismo, muy diferentes. Mientras que en la gran recesión se llegó a los 6,2 millones de parados en el primer trimestre de 2013 (27,2% de la población activa), tras la crisis pandémica los datos de paro se sitúan justamente en la mitad (3,1 millones y 13,3%, según la última EPA), habiéndose tardado año y medio en recuperar los niveles de empleo pre-crisis, cuando en la anterior fueron necesarios once años.

Durante los primeros años de la anterior crisis el PIB se redujo en un 8,6%, mientras que el empleo caía prácticamente el doble (-16,3%), poniendo de manifiesto cómo el ajuste duro se cargaba fundamentalmente sobre los trabajadores por la vía de los despidos individuales y colectivos (480.000 sólo en 2012 mediante EREs de rescisión), la precariedad contractual y la devaluación salarial, con el consiguiente incremento de la desigualdad social.

En esta ocasión, el comportamiento del mercado de trabajo ha sido muy distinto, pese al fuerte shock inicial (tabla 1). De entrada, el empleo cayó menos que el PIB (6,2 y 17,7 por cien, respectivamente, durante el segundo trimestre de 2020) y se recuperó más pronto (tercer trimestre de 2021), mientras que al cierre del pasado ejercicio el PIB seguía estando un 4% por debajo del registrado a finales de 2019.

El factor diferencial entre ambas crisis ha sido, según consenso generalizado de expertos y analistas, la aplicación sistemática ahora de los ERTEs como estrategia de flexibilidad interna que ha operado como auténtico escudo social evitando, de entrada, el recurso generalizado al despido como mecanismo de ajuste, garantizando luego el mantenimiento de los puestos de trabajo mediante exoneraciones fiscales a las empresas y prestaciones salariales a los trabajadores y facilitando, finalmente,  la progresiva recuperación de la actividad productiva.

Tras la declaración del estado de alarma y aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, los ERTE lograron parar el primer golpe de la crisis, defendiendo el empleo y las prestaciones básicas de casi tres millones cuatrocientas mil personas a nivel nacional (354.794 en la Comunidad Valenciana), iniciando desde entonces una paulatina recuperación (tabla 2) tan sólo alterada por las sucesivas oleadas de la pandemia, de manera que en la actualidad sólo continúan en situación de ERTE el 2,5% de los trabajadores inicialmente protegidos a nivel nacional y el 1,4% en nuestra Comunidad, con significativas diferencias interprovinciales, derivadas de la desigual presencia de subsectores más afectados por las restricciones a la proximidad y movilidad (turismo, comercio minorista, transportes de viajeros…), habiéndose establecido un período de transición hasta el próximo día 31 de marzo para su adaptación a la nueva modalidad de ERTE (Mecanismo RED de flexibilidad y Estabilización del Empleo) establecida por la reciente reforma laboral (Real Decreto-Ley 32/2021).

Durante todo el proceso se habrían salvado medio millón de empresas y más de una cuarta parte del empleo cubierto por las prestaciones gestionadas por el SEPE (tabla 3) o, dicho de otro modo: de considerar a los trabajadores en ERTE como desempleados la tasa de paro habría sido del 26,6% en el segundo trimestre de 2020 (similar a la registrada, de hecho, durante el peor momento de la anterior crisis) y si, por el contrario, no se hubieran activado los ERTE se estima que el paro habría alcanzado el 32,8%.

En cómputo global, hasta el momento han sido 433.756 las personas trabajadoras de nuestra Comunidad que han mantenido su relación laboral y percibido el 70% de su salario durante el tiempo, mayor o menor según los casos, de su permanencia en ERTE (tabla 4), por un importe total de 1.394.023.806 euros.

A nivel nacional la inversión pública para el mantenimiento del escudo social (prestaciones ERTE, exoneración de cotizaciones a las empresas, ayudas a autónomos, etc.) supera ya los 30.000 millones de euros.

La magnitud de dichas cifras permite imaginar, a sensu contrario, las dimensiones de la fractura social que se habría producido por ausencia de las mismas en una apoteosis neoliberal, por lo demás verosímil, del sálvese quien pueda.

Sin embargo, la estrategia socialdemócrata implementada por el gobierno y los agentes sociales ha hecho posible el crecimiento cuantitativo del empleo desde hace 11 meses hasta alcanzar el récord de 19.934.481 afiliados en alta a la Seguridad Social en febrero pasado (casi medio millón más que los registrados antes de la pandemia) al tiempo que, desde la aprobación de la nueva reforma laboral, está mejorando la calidad contractual del empleo resultante.

Y ha sido ahora que todos los indicadores apuntaban hacia una consolidación de la recuperación económica y social cuando el fantasma de la guerra amenaza de nuevo con desestabilizar el proceso,  desatando una espiral inflacionaria (7,4% en febrero pasado) que puede dejar obsoletas las previsiones de crecimiento para este año (5,8% para España, según el FMI), debilitar la competitividad externa de las empresas y devaluar los salarios…, ante lo que emerge, de nuevo, la necesidad de articular grandes consensos políticos y sociales para hacer frente a la nueva crisis, de magnitudes aún imprevisibles, cuando apenas salíamos de la anterior.