“España se define desde la diversidad”: Ximo Puig traslada el debate federalista al Congreso del PSOE

La socialdemocracia española quiere avanzar hacia un modelo de Estado más descentralizado, profundizando en el modelo protofederal que dibujó el pacto constitucional de 1978. En los últimos meses el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha abanderado el debate del federalismo y la descentralización del Estado, asumiendo las reivindicaciones de la llamada periferia frente a la recentralización de la derecha. Puig, que tiene bien trabajado este discurso desde hace años, ha lanzado propuestas como un impuesto que corrija los desequilibrios de renta propiciados por el 'efecto capitalidad' de Madrid, trasladar algunas sedes de organismos nacionales a otros puntos del Estado, formalizar las conferencias de presidentes autonómicos o reformar el Senado para convertirlo en una cámara de representación territorial.

Las medidas que el dirigente autonómico ha ido desgranando en distintos foros se han materializado en enmiendas a la ponencia marco del 40 Congreso del PSOE, el documento que determinará las bases políticas para los socialdemócratas españoles para los próximos cuatro años. Y en este futuro próximo, los socialistas valencianos quieren encajar su concepto de “España polifónica”, una metáfora para ilustrar que el Estado va más allá del ruido que predomina en Madrid y Catalunya, que hay más actores que merecen ser escuchados. “Nuestro concepto de lo que significa España se define desde la diversidad”, señala una de las enmiendas presentadas.

Las medidas de la delegación valenciana se articulan en tres conceptos: descentralización, diversidad y cogobernanza. “La noción de 'lo español' no se agota en una lengua, ni en una cultura ni en una identidad. España tenemos que entenderla desde la diversidad, una diversidad que genera una riqueza de lenguas, de culturas y de identidades. Identidades que no pueden ser excluyentes, que conviven”, apuntan los textos presentados.

Las enmiendas hablan de una reconciliación tras una década de “furia y ruido” y apuntan al avance hacia un modelo redistributivo de riqueza, protagonismo y poder como una forma para resolver el conflicto político con Catalunya, pero también para evitar otras brechas. Entre las propuestas, se insiste en una cuestión que recientemente ha asumido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha provocado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, Isabel Díaz Ayuso: la descentralización de instituciones y organismos. La delegación valenciana plantea ubicar sedes públicas más allá de la capital, apuntando que “la ubicación de centros de decisión atrae empresas y actividades de alto valor añadido, generando redes de influencia”, y recuerda que “estos organismos públicos conllevan la generación de mucho empleo cualificado, que ejercería como efecto tractor” para el desarrollo territorial, una corrección a la despoblación, factor de desigualdades. Esa descentralización también se aplica a las infraestructuras y la movilidad, superando el modelo radial hacia uno en red.

Cogobernanza, un término que ha ganado peso desde el estado de alarma a través de las reuniones interterritoriales de Sanidad y las conferencias de presidentes, dos foros de debate entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos para resolver las crisis derivadas de la pandemia, es otro de los puntos clave. Para los socialistas valencianos, la COVID-19 ha dejado como aprendizaje que esta forma de toma de decisiones funciona mejor y es de mayor utilidad para afrontar los retos globales: “Las competencias que ejerce cada nivel de gobierno no son compartimentos estancos, se interrelacionan, se entrecruzan y muchas veces se comparten, es por ello que esta crisis sanitaria nos ha enseñado la importancia de la cooperación para el buen funcionamiento del sistema. Necesitamos articular mecanismos de cooperación e interrelación que permitan un adecuado ejercicio de las competencias compartidas”, señalan. Así, consideran fundamental “que las comunidades autónomas participen en la elaboración de las grandes políticas del Estado”, como sucede con la gestión de los fondos europeos Next Generation o las estrategias de recuperación. Los socialistas, encabezados por Puig, consideran que es una cuestión de justicia, pero también de inteligencia; una forma de articular un modelo de país que represente a todos los ciudadanos.