Francisco Pérez, director de investigación del IVIE: "Mientras no se reforme del modelo de financiación debería paliarse el efecto sobre algunas comunidades"

Francisco Pérez García, director de investigación del IVIE

Francisco Pérez es director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) desde 1990 y profesor emérito de la Universitat de València desde septiembre de 2020. Sus líneas de investigación son el crecimiento económico, la competitividad, la economía regional, la economía de la educación y las finanzas públicas. Ha publicado 84 libros en colaboración y coordina el grupo de expertos en financiación autonómica que defiende las propuestas para un nuevo modelo de reparto de recursos de la Generalitat Valenciana.

El profesor atiende a elDiario.es desde su despacho poco después del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de presentar un informe que considera que el efecto capitalidad de Madrid arrastra infinidad de recursos económicos y humanos del resto de comunidades autónomas.

Usted lleva desde 2016 trabajando con el Gobierno Valenciano y el grupo de expertos de financiación. ¿Qué avances ve desde entonces?

Bueno, llevamos más tiempo, este grupo ha elaborado publicaciones desde 2012. Los avances que se han producido fundamentalmente son en dos terrenos. En la Comunitat Valenciana se ha conseguido que el problema de la financiación se vea de una forma parecida por todo el mundo: formaciones políticas, sindicatos, empresarios, universidades... Y la forma de verlo es un consenso generado a partir de los informes de este grupo de expertos, donde hay una representación de diferentes perfiles, todos buenos conocedores del problema. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo diagnosticar y proponer las medidas y las hemos trasladado a las Corts Valencianes y hemos ido fraguando un consenso en la Comunitat Valenciana. El segundo terreno es que un problema que en el conjunto de España se ignoraba o se negaba, ya es una excepción que se niegue o se ignore. España sabe que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada desde hace varias décadas. Un reflejo de este reconocimiento es el informe de la comisión de expertos nacional en la que participé; hemos avanzado en el reconocimiento del problema, pero no en la solución. El modelo sigue siendo el que se aprobó en 2009, que mantiene a la Comunidad Valenciana en esa situación de discriminación financiera.

¿La Comunitat Valenciana puede estar contenta con el resultado del último Consejo de Política Fiscal y Financiera?

El resultado del último consejo es que se aborda el problema de la suficiencia financiera de las comunidades en este momento y se les dice que aunque la pandemia va a tener consecuencias se van a diseñar unos mecanismos que no reduzcan los recursos que tienen las comunidades, pero no aborda las diferencias de recursos de las comunidades. Desde este segundo punto de vista parece que el problema no se ha abordado, personalmente no me siento satisfecho. Se deberían abordar los dos. La última tarea que ha abordado la comisión de expertos fue la elaboración de un documento -que trasladó a los grupos parlamentarios y estos al Gobierno central- que dice que mientras no se reforme el modelo de financiación deberían tomarse medidas para paliar el efecto que tiene sobre algunas comunidades que están financiadas por debajo de la media, mediante la creación de un fondo de nivelación transitorio, que también reclamamos los expertos en un seminario en el Senado.

Parece que el Gobierno reconoce el problema de la deuda histórica, las asimetrías y la discriminación, pero parece que públicamente le cuesta asumir que esa desigualdad forma parte del sistema y que hay que hacer un trato diferente para las autonomías.

Sí, le cuesta. Anuncia que abordará el problema. Es cierto que la situación política es complicada y se ha complicado con la pandemia. Para abordar la reforma se necesita una mayoría amplia y hay un conjunto de intereses muy diverso. Pero si un problema existe, se reconoce como tal, y además se sabe que tiene consecuencias, lo que hay que hacer es abordarlo. Por ejemplo: ¿Qué le pasa a una comunidad como la valenciana que tiene una financiación por debajo de la media y que tiene, como todas, entre sus competencias la prestación de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). En la práctica, la Comunitat Valenciana realiza un gasto muy parecido a la media, pero como tiene menos recursos apenas le queda financiación para hacer el resto de funciones. El gasto en sanidad, educación y servicios sociales del conjunto de las comunidades autónomos representa algo mas del 70% de sus ingresos, pero en la Comunitat Valenciana representa el 90%. Lo demás son políticas de desarrollo regional -infraestructuras, empresas, I+D-. Por tanto, la Comunitat Valenciana tiene dos alternativas: realizar políticas de desarrollo regional más débiles, a pesar de tener una renta per cápita 12 puntos debajo de la media o endeudarse; en realidad hace una mezcla de ambas, gasta más con déficit pero tiene unas políticas más débiles. Y eso no ayuda a la convergencia de renta por habitante a la que se aspira. La causa de no abordar el problema puede ser la dificultad de ponerse en marcha, pero la consecuencia es que se mantiene la inequidad y lo que de ella se deriva.

En julio presentaron un informe en el que planteaban que el Gobierno debería tener en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas para afrontar la reconstrucción. ¿Se ha abordado esta cuestión?

El problema para garantizar que la Comunidad Valenciana tenga esos recursos adicionales que la igualen a la media por el momento no se ha abordado. Lo que sí se ha hecho es flexibilizar las reglas que permiten gastar con déficit. Las comunidades saben que la financiación por déficit podrán tenerla garantizada, que habrá financiación extraordinaria para ellos. Es una buena noticia saber que habrá financiación en un momento tan complicado, pero sería mejor si una parte llegara, no en forma de déficit, sino en forma de transferencias, para igualar a todas las comunidades. El ministerio ha dicho que una parte de ese déficit podría encajarlo el Estado en forma de déficit y hacer transferencias, pero no ha dicho nada de como encajarlo.

Hay quién sostiene que la reforma del sistema de financiación no es un conlficto de partidos sino de territorios ¿Cree que hay capacidad para llegar a un acuerdo en estos momentos?

Desde luego hay puntos de vista diferentes entre territorios porque su posición en el actual sistema no es la misma. Algunas comunidades consideran que deberían tener más recursos y aunque nadie habla de que se produzcan pérdidas de recursos en términos absolutos, otras comunidades consideran que su posición relativa debería mantenerse. Detrás de los problemas siempre hay intereses diversos, pero eso no quiere decir que no haya que abordarlos. No abordarlos también tiene costes, al menos desde dos puntos de vista: manteniendo una inestabilidad que no es deseable en algo que debería ser estable y que no lo es porque no convence. En segundo lugar, el sistema no puede considerarse equitativo en cuanto genera diferencias de financiación por habitante de 30 puntos por comunidades. Los partidos que tienen que llegar a un acuerdo para hacer aprobar una ley por las Cortes Generales lo pueden ver y hay mucha gente que lo ve. Es un esfuerzo que hay que hacer. Es verdad que a veces observamos dificultad para llegar a acuerdos que no permite ser optimistas, muchos ciudadanos nos preguntamos cuánto tiempo va a durar esta incapacidad de los representantes políticos para acordar cosas que interesan al conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, que no nos ocupemos de la crisis sanitaria con un ruido insoportable.

Expresó usted en el Senado que estas diferencias de financiación rompen el principio constitucional de la igualdad entre ciudadanos.

Efectivamente. El objetivo de la Constitución es hacer compatible la descentralización y la autonomía con el hecho de que los ciudadanos, que reciben los servicios de las comunidades autónomas, aunque vivan en territorios diferentes, tengan las mismas oportunidades en materias clave para la igualdad, como son la salud, la educación o la protección social. Las diferencias son demasiado grandes.; son 30 puntos en las comunidades de régimen común, pero respecto a las forales son de 60 puntos. Esas diferencias son más grandes que las que hay entre España y otros países europeos. ¿Alguien puede creer que con esas diferencias de recursos los servicios se pueden prestar en condiciones iguales?

El president de la Generalitat Valenciana se apoyó en un informe del IVIE para afirmar durante el debate de política general que el efecto capitalidad de Madrid la ha convertido en una aspiradora de recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia. Madrid concentra el 19% del PIB, ¿Si nuestro modelo se basa en la distribución de la riqueza, no debería aplicarse a los territorios?

El informe dice que en todos los países hay un centro político, que en los países de tipo federal, como España, hay que distinguir dos cosas. En España hay una serie de competencias descentralizadas en las comunidades autónomas pero hay un centro político que lo constituye la parte del Estado en el que se articulan todos los poderes. La interpretación de cómo debe funcionar el centro político puede ser diferente. En algunos lugares no se considera que el centro político, la Administración central, deba estar concentrada en la capital sino que se busca que aunque sean decisiones para el conjunto del país, la organización que sirve a ese aparato central esté repartida por el territorio.

El ejemplo más claro es el de Alemania; no hay un centro en Berlín como en Madrid; el banco central esta en Frankfurt, las entidades judiciales están distribuidas... Madrid es un núcleo de población muy importante, subrayamos que ha crecido y se sostiene apoyándose en una forma de interpretar cómo debe de operar el centro político, que es concentrado en la capital. La Administración central tiene ministerios, organismos autónomos, empresas públicas, entes culturales, centros de investigación... a su lado está el Banco de España, la Administración de Justicia. Todo eso no tendría por qué estar localizado en Madrid, pero en gran parte lo está. La consecuencia es que mientras el peso demográfico de Madrid es del 15% y el peso económico del 19%, el peso de los funcionarios que dependen del Estado y que están viviendo en Madrid es del 29% -jueces, policía y Ejército sí están repartidos-. Pero a pesar de eso el peso de los empleados de la Administración del Estado es un 50% más del que seria su peso económico y un 100% más de su peso poblacional. Es una primera pista. ¿Esto es evitable? La respuesta es sí. Hay países donde otros órganos del Estado no están en la capital. ¿Es imprescindible que el Instituto de Salud, la Comision Nacional de las Comunicaciones, estén en Madrid? La Unión Europea sigue la política de repartir sus instituciones. Es cierto que la historia cuenta y hay inercias, pero no se observa ninguna actuación para descentralizar el poder, más allá del Estado de las autonomías.

Nosotros subrayamos que esta concentración de centros de decisión refuerza el atractivo que ha conseguido por su propio dinamismo autonómico; las cosas se deciden en Madrid y las empresas quieren estar en Madrid. Los centros de decisión son de muchos tipos, se deciden las leyes y ahí es donde van los grupos de presión e influencia; pero hay una cosa más, ¿desde dónde contrata la administración central? En un 80%, desde Madrid. ¿A quién? En dos terceras partes, a empresas cuya sede social está en Madrid. Cuando se habla de que las comunidades autónomas significan una amenaza frente a la unidad de mercado y se piensa que tienen preferencia por contratar a empresas de su región no es positivo, pero la influencia de la cercanía está mucho más acentuado en la Administración central.

¿En el ámbito público, Madrid acumula tantos recursos públicos por un criterio de eficiencia económica, porque más juntos funcionan mejor, o es una decisión política a lo largo de la historia?

Es fundamentalmente una decisión política. En algunos ámbitos la cercanía y la proximidad puede ser necesaria, pero en la actualidad puede ser cuestionable. ¿Alguien piensa que cuando la Unión Europea localiza en Alicante la oficina de patentes lo hace con una merma de eficiencia? ¿Que el Banco Central esté en Frankfurt afecta a su eficiencia? Nosotros hacemos en el informe listas de organismos y su volumen, podrían haberse convertido en núcleos de dinamización en otros lugares; hay un elevado porcentaje de empleados de alta cualificación. Si en lugar de contratar en Madrid contrataran en Zaragoza, Santiago o Sevilla, ¿esto tendría efectos sobre su entorno? Claro que los tendría y es una pregunta que hay que hacerse. Estas tendencias a la concentración en las metrópolis existe en todo el mundo, no se trata de negarlas, sino de ver si las administraciones deben contribuir o contrapesarlas mediante estrategias que no pongan en cuestión la eficiencia pero apuesten por la nivelación.

Ahora hablamos de España vaciada, de esas estructuras territoriales, de población y económicas en forma de donut, que separa los núcleos de la periferia y el centro de las dos Castillas... ¿Esa concentración de personal cualificado en la capital afecta al mercado laboral del resto de España?

Sí, afecta. El propio mecanismo de generación de puestos de trabajo cualificados se ve reforzado. El informe creo que es ponderado por la cantidad de información que ofrece. Madrid es un enorme centro de generación de empleo cualificado. Los porcentajes de puestos de trabajo, el peso de los universitarios, el perfil de la cualificación de quienes toman decisiones es muy alto. Eso está bien, pero hay que preguntarse si ese proceso de aglomeración y concentración, que es a veces muy distinto del que se da en otros territorios, no está siendo favorecido por un sector que refuerza esas tendencias en lugar de contrapesarlas.

¿Funciona Madrid como una economía extractiva?

Me gustan más otros calificativos, me parece que responden más a la realidad. Creo que hay una tendencia a la concentración, que se da en muchos lugares del mundo y en algunos sitios se dan políticas que la favorecen.

Esa idea de descentralización parece compartida en otros polos de poder como País Vasco o Cataluña. ¿Actualmente, cree que hay voluntad política de realizar esa descentralización, siendo que con el estado de alarma y la pandemia se percibe alguna recentralización?

Yo lo que percibo es que algo que antes se reunía cada dos años, la conferencia de presidentes, ahora se reúne con más frecuencia. Tenemos una imagen de que en este estado cuasi federal, algo que debería ser normal, que las comunidades y el Estado hablaran, se está haciendo. Más allá de eso, no percibo nada.

Descentralizar implica inversiones en ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones y digitalización. ¿Ese déficit de infraestructuras y la estructura radial de España facilitan que Madrid siga acumulando capital humano y material?

Sin duda. Lo explico muy bien Germà Bel en su libro 'España, capital París', es algo reconocido por todos. Los impulsores de la plataforma Corredor Mediterráneo, la España circular frente a la radial, lo ejemplifican muy bien. La estructura de comunicaciones refuerza la centralidad del Estado en detrimento de otros. Representa muy bien una opción en la que se ha apostado mucho por darle prioridad a esa estructura radial, que ya existía, pagando el precio de retrasar otros corredores que tenían mayor justificación por la intensidad de tráfico de personas y mercancías. Incluso los avances recientes son limitados en el sentido de que no se ha finalizado esa etapa en la que la infraestructura existe, mejor a la anterior, pero no está al nivel de las radiales. Sigue habiendo limitaciones.

En el debate para los próximos presupuestos Compromís y Unides Podem plantean una reforma fiscal, en la que incorporan tasas verdes y plantean una reforma de los tramos del IRPF para rentas superiores a 145.0000 euros. ¿Qué le parecen estas propuestas?

Este país necesita una reforma fiscal que mejore su capacidad de generar ingresos mediante actuaciones en varios cambios. Hay que mirar la fiscalidad verde y digital, tener en cuenta que estamos en una economías muy abiertas, mirar los agujeros de nuestro sistema fiscal, mirar la progresividad del sistema fiscal... Pero todo eso hay que hacerlo teniendo en cuenta que la capacidad de generar más recursos fiscales dependerá de que la economía vuelva a crecer. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en dar pasos inadecuados en el momento actual. En este punto, lo más deseable es diseñar la reforma fiscal para aplicarla en el momento en el que la economía recupere sus niveles de ingresos que ha perdido.

¿Usted es partidario de subir los impuestos el próximo año?

No soy partidario. Cuando se habla de subidas de impuestos, hay que ver la capacidad recaudatoria de esos impuestos. A veces se generan expectativas con esos cambios que la capacidad recaudatoria no permite.

Los proyectos de reconstrucción que presentó el president en el debate de política general abogan por construcción de colegios, centros de salud, vivienda... ¿Estas medidas que se acercan a los planteamientos de la economía de los cuidados, pueden ayudar a construir un modelo más sostenible?

En los proyectos que se mencionan hay muchas cosas. Unas tienen que ver con los servicios públicos y la inclusión social, otras con la transición ecológica y otras con la digitalización, en líneas similares a las anunciadas por el Gobierno de España. El reto, que apuntábamos en un informe del mes de mayo, es impulsar la recuperación económica dando respuesta a los problemas que han venido con la pandemia como a los que teníamos de antes, que se reflejan en nuestro menor nivel de renta. Hay que desarrollar los proyectos de manera efectiva y teniendo claro lo que se puede esperar de cada uno, a qué objetivo sirve cada instrumento.

El sistema de cuidados claramente requiere más atención. Una cosa es que cambie el modelo de cuidados y otra que el cambio de modelo productivo se base en los cuidados. Ahora la atención recae en las familias, en las mujeres de las familias, y vamos pasando a un sistema en el que la atención de los profesionales gana peso. Eso requiere financiar ese modelo desde el sector público y privado y obliga a ser más previsores.

Algunas personas consideran que con esta línea de la Unión Europea de financiar a los Estados, de unos presupuestos expansivos, una ola más keynesiana, el neoliberalismo ha muerto. ¿Usted lo ve así?

Estamos en un momento de economía mas keynesiana. De ahí a pensar que el neoliberalismo ha muerto hay mucho. Hay puntos de vista muy diversos que sigue existiendo, aunque la orientación de las políticas y el enfoque que hay sean más parecidos a lo que Keynes defendía, a esa labor compensatoria del sector público. Observaremos que hay opiniones de todo tipo que en algún momento tendrán más fuerza que la que tienen ahora. En esta asunción de mayor responsabilidad por parte del Estado también hay un riesgo, de aquellos que piensan que el Estado lo puede todo, que puede echarse a la espalda todas las responsabilidades y es cuestión de quererlo y esto no es así. Se puede hacer cuando más acuerdo social haya en financiar esas actuaciones y pagar impuestos y cuanta más capacidad tengan las economías de generar recursos. Poner en pie unas administraciones eficaces, que ayuden a la encomia a desarrollar recursos y el Estado lo devuelva en forma de servicios.  

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17 de octubre de 2020 - 22:30 h

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