El posible frenazo a la reforma de la financiación autonómica sacude la política valenciana y apunta a una solución provisional

La perspectiva de que los líderes de los dos grandes partidos, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez y el flamante dirigente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, opten por aparcar la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, como sugiere una información publicada este lunes por El País, ha vuelto a sacudir la política valenciana.

Mientras el Gobierno del Pacto del Botánico, del que forman parte el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, salió al paso de esa eventualidad con unas declaraciones del director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas, Jorge Alarte, en las que instaba al Ejecutivo central a “seguir dando pasos” y al PP a adoptar “un compromiso firme y coherente en todo el territorio”, con lo que manifestaba su oposición a cualquier freno de la reforma del modelo, el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, emplazó al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a que “plante cara” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “incumplir su promesa” de abrir un debate oficial sobre la financiación autonómica y añadió: “No admitimos ningún aplazamiento en la financiación y la responsabilidad es de Sánchez”.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Manolo Mata, sugirió una “solución valenciana” para un problema que figura en un lugar destacado de la agenda política de la comunidad autónoma debido a que es la peor tratada por el sistema actual, caducado hace más de siete años. Mata defendió que “los gobiernos de Sánchez están contribuyendo a que tengamos un gasto social equiparable a la media nacional”. Y añadió: “Si hay comunidades y partidos políticos insolidarios que no se quieren comprometer, la única solución es que el Estado se haga cargo de la deuda y nos aporte un fondo de nivelación suficiente para tener, al menos, los mismos recursos que la media”.

No es la primera vez que se plantea ese fondo de nivelación como solución provisional mientras se concreta el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya insuficiencia para la Comunidad Valenciana se ha venido supliendo con aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico que se convierten en deuda de la Generalitat Valenciana, la denominada “deuda histórica”. El portavoz socialista argumentó que “los gobiernos de Sánchez están contribuyendo, a través de transferencias extraordinarias, a que tengamos un gasto social equiparable a la media nacional” pero consideró que “la situación es insoportable”. Y sentenció: “No puede haber españoles de primera y de segunda. Los valencianos llevamos lustros anclados en segunda siendo la comunidad peor financiada de España”.

La reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica es compartida por la práctica totalidad de las fuerzas políticas valencianas, así como por la patronal y los sindicatos. Para reclamarlo se han llevado a cabo actos y movilizaciones. La última se produjo el pasado mes de noviembre, cuando se celebraron manifestaciones unitarias en las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón para exigir “un trato justo”. Esas protestas se produjeron semanas antes de que la ministra de Economía, María Jesús Montero, hiciera público un borrador sobre el nuevo cálculo de la población ajustada, auténtico núcleo de la reforma, que fue acogido con disparidad de opiniones por las comunidades autónomas, partidarias algunas de primar aspectos como la despoblación o el envejecimiento de la población frente a otras, como la Comunidad Valenciana, que quieren restablecer un mayor equilibrio entre el número efectivo de habitantes y los parámetros correctores.