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La política portuaria de hechos consumados

La ZAL del Puerto de València construida en La Punta.

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El Puerto de Barcelona otorga una terminal a Baleària antes que el de València

La ZAL construida sobre huerta protegida logra la legalización 20 años después de destruir La Punta

Su planeamiento fue anulado por sentencias del Tribunal Supremo dos veces porque se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección agrícola. Hace dos décadas, la construcción de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València (ZAL) causó la destrucción de tierras clasificadas como huerta protegida que fueron indebidamente expropiadas y urbanizadas en la pedanía de La Punta, en medio de un intenso conflicto que pasó a la historia de las movilizaciones sociales y ciudadanas de la capital. Ahora, la Autoridad Portuaria de València (APV) ha conseguido legalizar el planeamiento después de que el propio Tribunal Supremo en marzo de 2024 modificara su criterio y afirmara que la transformación física de los terrenos hace prácticamente inviable su recuperación para el uso agrícola.

“El caso de la ZAL del Puerto de Valencia es el ejemplo más paradigmático del abuso de los poderes políticos y económicos frente a los derechos de los ciudadanos, además de un claro modelo de legitimación de la política de los hechos consumados”, ha escrito Carlos Navarro Castelló en un artículo en el que revisaba todo el litigio desarrollado desde la plataforma Per L'Horta y la asociación de vecinos La Unificadora de La Punta frente a la Autoridad Portuaria. “Es evidente que a la Administración ya no le es posible ejercer sus potestades de restauración del orden urbanístico, reponiendo el estado del suelo al previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (suelo rústico con destino agrícola)”, se lee en la resolución judicial como lamentable justificación. O sea, se legaliza lo que fue ilegal desde que se expulsó a un centenar de vecinos de sus casas y se expropiaron sus tierras porque ya es irreversible.

Se trata de una manera de proceder que el Puerto de València ha aquilatado en su expansión a costa de la ciudad y que persiste en la ejecución de las obras de ampliación al norte de las instalaciones portuarias que se está llevando a cabo actualmente pese a que su legalidad se discute también en los tribunales. Frente a las protestas ciudadanas por la modificación del proyecto sin una nueva evaluación ambiental, la historia se repite y la Comissió Ciutat-Port clama en el desierto para que se paralicen los trabajos, dado que el perito judicial ha concluido que el proyecto es distinto al que se aprobó mediante una declaración de impacto ambiental favorable en el año 2007 y, por lo tanto, “no ha sido evaluado a efectos medioambientales”. Entiende el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que no es adecuado paralizar cautelarmente las obras y que la legalidad del gigantesco muelle para barcos de transporte de contenedores se examinará en el desarrollo del procedimiento. Con toda probabilidad, cuando ya esté construido.

Por si las modificaciones del proyecto no fueran suficientes, la naviera valenciana Baleària, después de cuatro años de tramitación y de tres años desde que se le hubiera adjudicado, vio cómo la Autoridad Portuaria de Valencia le revocaba en noviembre del año pasado la concesión para construir una terminal de cruceros. La multinacional MSC, con sede en Suiza y capital italiano, que es la adjudicataria de la enorme ampliación portuaria y que sin duda tiene más influencia, ha presionado para que se encaje en el proyecto su propia terminal de cruceros (cuya concesión no había solicitado). Eso ha llevado a replantear las previsiones y modificar los espacios para que quepan ambas terminales. Pero mientras la APV maniobra en ese sentido, el Puerto de Barcelona se ha adelantado y ha otorgado la concesión a Baleària para que construya una terminal como la anulada en València con un presupuesto de 25 millones de euros.

Que el Puerto hace obras porque en buena medida es su forma de satisfacer a quienes tienen poder en él constituye una vieja sospecha. Su forma de sacar adelante los proyectos se aprovecha además de un ventajismo escandaloso.

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