Manifiestamente incompatible

Entre la Generalitat, Ribera Salud y la Clínica Benidorm

Triángulo familiar del conseller en el negocio de la sanidad

Hay incompatibilidades legales, incompatibilidades morales, incompatibilidades éticas... y después está la función de Marciano Gómez como conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Ya escribí en marzo sobre el hecho de que él, su hermano y su cuñada han convertido la privatización sanitaria en un asunto de familia. El conseller salvó de la recuperación para la gestión pública, al prorrogarle la concesión, el último de los hospitales privatizados, el del Vinalopó, del que su cuñada es directora gerente, mientras Ribera Salud, la empresa que lo explota, adquiría por 120 millones de euros la Clínica Benidorm, que dirige su hermano. Semejante triángulo familiar, un “círculo de negocio”, como lo calificó entonces Diana Morant, levanta, como es lógico, algo más que suspicacias.

De ahí que el PSPV llevara a la Fiscalía el conflicto de intereses y denunciara a Gómez y sus familiares por siete presuntos delitos. Ponía en cuestión esa denuncia los cálculos del coste que la Generalitat debía pagar a Ribera Salud, y la falta de supervisión de supuestas malas prácticas en el hospital gestionado por la empresa, como la reutilización de catéteres de un solo uso.

Era inevitable que también se pusiera el foco sobre el otro lado del triágulo, el que afecta a la actuación de la conselleria en relación con Clínica Benidorm. Y resulta que, entre 2024 y 2025, tal como ha publicado Sergi Pitarch, el conseller de Sanidad regó con 25 millones al grupo privado dirigido por su hermano antes de comprarlo Ribera Salud. Un total de 20 de esos millones corresponden a servicios no concertados y los otros cinco al denominado plan de choque contra las listas de espera.

La información recabada por elDiario.es, a partir de una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Sanidad a la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, revela que las tres empresas del grupo dirigidas por Juan David Gómez fueron las que más dinero recibieron de todos los grupos sanitarios privados por esos conceptos. El pastel de las derivaciones de la sanidad pública valenciana a la privada es de 270 millones de euros, que se reparten entre ocho grandes grupos empresariales. Vithas ingresó más de 46 millones, 25 millones el Hospital Clínica Benidorm del hermano del conseller, 23 Quirón Salud, 18 millones el grupo Imed o más de 10 millones Ribera Salud, la empresa de la cuñada.

La política sanitaria de la derecha propicia que la empresa privada haga negocio a costa de la sanidad pública tanto cuando pone en marcha la fórmula de las concesiones de hospitales y áreas de salud, en cuyo origen -en la época de Eduardo Zaplana en la presidencia- estuvo ya Marciano Gómez, como al revertirla tras la serie de rescates iniciados por el gobierno progresista del Pacto del Botánico, mediante las derivaciones de servicios. En ese contexto, es imposible ignorar el impúdico popurrí de intereses familiares que envuelve al conseller nombrado por Carlos Mazón, un veterano del PP a quien ha mantenido Juan Francisco Pérez Llorca en el cargo.

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