Entidades vecinales y ecologistas exigen que se paralicen las obras “ilegales” de la ampliación del Puerto de Valencia

La Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista, ha manifestado este lunes su alarma ante las obras de ampliación que han calificado de “ilegales” que se están ejecutando en el Puerto de València, y ha exigido su inmediata paralización, a la vista de “los flagrantes incumplimientos de las condiciones medioambientales exigidas y de sus nocivos efectos sobre el territorio y la calidad de vida”.

La entidad ha recordado que el perito independiente encargado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el recurso interpuesto por la Comissió Ciutat-Port contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) del 2 de diciembre de 2022, aprobatorio del proyecto constructivo del muelle de contenedores, ha ratificado su dictamen en que concluía que “procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva”.

El proyecto, según el perito, “es distinto a la alternativa cuatro seleccionada y aprobada mediante DIA favorable en el año 2007 y, por lo tanto, no ha sido evaluado a efectos medioambientales”. El dictamen señala, entre otras modificaciones, el incremento de los volúmenes y áreas de actuación de los dragados necesarios; las demoliciones de los actuales contradique norte y muelles de cruceros; el cambio de ubicación de las explanadas y muelle de atraque; y advierte de la probable constitución de comunidades marinas en el nuevo hábitat de escolleras debido al tiempo transcurrido entre la primera fase del proyecto y la segunda.

Este informe pericial independiente, ahora ratificado ante el juez por el perito, consolidaba los motivos argüidos por la Comissió Ciutat-Port ante el TSJCV en su petición de la suspensión cautelar de la ejecución de las obras; “la apariencia de buen derecho” que, no obstante las evidencias alegadas, no fue tomada en consideración por la Sala.

Este verano, la plataforma ciudadana denunció ante las administraciones responsables, “daños ambientales deducibles de las imágenes capturadas por los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europe que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras; y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies marinas protegidas como la posidonia, al Parque Natural de la Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esa zona de litoral”.

Y, por ello, la entidad denunció que “se ha prescindido absolutamente del procedimiento de evaluación ambiental para los dragados en los Puertos de Valencia y de Sagunto y la incontrolada dispersión de los sedimentos afecta a praderas de posidonia oceánica y a la calidad de las aguas”.

Sin embargo, han lamentado que pese a todo “las obras siguen ejecutándose con total impunidad y beneplácito de las Administraciones concurrentes y con el inquietante detalle añadido de que una de las adjudicatarias, Acciona Construcción SA, es empresa señalada en un proceso penal como presunta corruptora”. Para la entidad, “los hechos son tozudos y la razón acabará por imponerse, antes o después, pero, por el camino, el daño al territorio y a la calidad de vida de la ciudadanía habrá sufrido daños irreparables. La Comissió Ciutat Port no cejará en su defensa de un modelo de ciudad marítima contrario al de ciudad-portuaria”.