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El Gobierno de Camps pagaba 3.600 euros al mes por alquilar como oficinas dos pisos del presidente del diario 'Las Provincias'

Pisos del presidente de "Las Provincias".

Sergi Pitarch

Valencia —

El Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), ente que depende económicamente de la Generalitat, dejó recientemente su ubicación en el primer piso del número 10 del paseo de la Alameda para trasladarse al edificio de la Cigüeña. El motivo, ahorrar costes al pasarse desde dos pisos de particulares a una ubicación pública para no tener que pagar un costoso alquiler y máxime cuando la administración valenciana gozaba y goza de numerosos espacios propios.

El TAL, del que forman parte la Generalitat, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT pero que se financia exclusivamente con dinero público de la administración autonómica, estuvo durante años en dos pisos propiedad de la empresa Sociedad Ibérica Edificación y Promoción SL. Esta mercantil está administrada por Guillermo y Gonzalo Zarranz Domenech, presidentes del periódico Las Provincias entre 1992 y 2017 y desde febrero de 2017 a la actualidad, respectivamente. La familia Zarranz es la última representación valenciana que queda en el periódico regional del Grupo Vocento tras la salida de la familia Reyna.

El último contrato de arrendamiento entre el TAL y la empresa de la familia Zarranz Doménech fue firmado el 31 de mayo de 2011, justo nueve días después de las elecciones autonómicas que volvió a ganar Francisco Camps pese a estar acosado por varios escándalos de corrupción. Firmaron el acuerdo de arrendamiento por parte de Sociedad Ibérica Edificación y Promoción SL Guillermo Zarranz, siendo en ese momento presidente de Las Provincias, y Román Ceballos siendo director general de Trabajo. 

Por el contrato rubricado para cinco años y que el actual Consell y patronato del TAL se negaron a renovar, la empresa de los Zarranz ingresaba 3.600 euros al mes más IVA, 43.200 euros anuales. Además, en el acuerdo también se hacía cargo el organismo financiado con dinero público de los gastos de comunidad  y los seguros por los que abonaba a la mercantil familiar otros 17.000 euros al año.

El TAL también se obligaba por contrato a obtener los permisos correspondientes, entre ellos la autorización para funcionar como oficinas puesto que los dos pisos están en un edificio de viviendas familiar. Otra de las cláusulas del contrato contemplaba que la fundación del TAL renunciaba expresamente al derecho de adquisición preferente de los dos inmuebles.

En estos momentos y desde la salida del TAL hacia el edificio de la Cigüeña los dos pisos siguen en alquiler. Curiosamente los comercializa una inmobiliaria que dirige Miguel Boronat, candidato de Vox a la Generalitat en las elecciones autonómicas en 2015.

Pese a que la fundación que rige el Tribunal de Arbitraje Laboral es privada y está integrada por los dos sindicatos mayoritarios y la patronal, el cien por cien de los ingresos son una partida fija de 663.000 euros que inyecta la Generalitat. De hecho, Román Ceballos cerraba los contratos como presidente del patronato.

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