El Ayuntamiento de València lleva gastados en abogados más de 20.000 euros por las causa fallidas del denunciante compulsivo del PP

La factura de la frenética actividad judicial que emprendió en el pasado mandato el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom acaba de subir otros 8.110 euros y ya se eleva a un total de 22.210 euros para las arcas del Ayuntamiento de València.

Salom presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.

La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes el reintegro de los mencionados 8.110 euros al concejal de Administración Electrónica, Pere Fuset, en concepto de gastos de abogados tras verse implicado en una de las denuncias del asesor del PP, quien le acusaba de fraccionamiento de contratos por diferentes contrataciones festivas, una causa que una vez más acabó archivada.

“Los servicios jurídicos municipales dan OK a abonar otros 8110,70 euros de gastos de defensa por las denuncias sin sentido del PP. Y ya van... La guerra sucia judicial, entre otras cosas, nos cuesta dinero a todas y todos. Por no hablar del coste para la Justicia durante 4 años”, afirmó Fuest en sus redes sociales.

Una vez archivada de forma definitiva la causa, el edil de Compromís tiene derecho por ley a que se le devuelva el coste de su defensa al no poder optar a los servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.

El Ayuntamiento ya tuvo que abonar 3.600 euros al alcalde, Joan Ribó, por el mismo concepto, tras archivarse una denuncia por un tema de protección de datos; otros 2.200 euros a la concejala socialista de Deportes durante el pasado mandato, Maite Girau; 3.700 euros al concejal de Comercio, Carlos Galiana, también para cubrir el gasto de sus letrados, tras sendas denuncias de Salom archivadas; otros 4.600 euros al propio Fuset, a los que ahora se suman estos 8.110 euros, con lo que la factura total para las arcas municipales se eleva a 22.210 euros.

Con anterioridad la propia Justicia ya archivó otras denuncias del asesor popular contra el que fuera concejal de Cultura Festiva como los supuestos fraccionamientos de contratos desmentidos por los juzgados de los carteles de Fallas o el buzón real.