El Ayuntamiento de València no defenderá judicialmente al edil de Vox que se coló en el sindicato de estudiantes

El Ayuntamiento de València no prestará asistencia jurídica al edil de Vox que se coló en una sede del Sindicato de Estudiantes de la ciudad pese a que el PP lo defendió. El consistorio ha rechazado la petición del exportavoz de Vox, ahora concejal de Patrimonio municipal, Juan Manuel Badenas, ante la querella presentada por la organización juvenil, que ahora examina la plaza número 1 del Juzgado de Instrucción de Valencia.

El Sindicato denunció un delito de allanamiento en su sede por parte del concejal y dos trabajadores municipales, a quienes una cámara de seguridad captó dentro del inmueble, que es de titularidad municipal pero está decido a la organización. Badenas defendió que, como titular de Patrimonio municipal, entra en los locales “para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo”. “Es una de mis obligaciones como concejal”, señaló.

El juzgado ha abierto diligencias y ya ha fijado fecha para las declaraciones. Tanto Badenas como los dos asesores que le acompañaban cuando accedieron al local han sido citados a declarar en calidad de investigados (antes imputados) el próximo 14 de enero a las 10 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado el 17 de diciembre.

El 29 de septiembre, días después de conocer su situación judicial, el edil del que Vox reniega presentó un escrito solicitando la asistencia jurídica municipal. En él, afirma que “las actuaciones realizadas por mí respecto de la querella presentada fueron realizadas al amparo de la legislación vigente, los documentos relativos a las cesiones realizadas y dentro de las competencias delegadas por la alcaldía”, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. Tras estudiar el caso, los servicios jurídicos han determinado que “no procede acordar la asistencia jurídica”. La asesoría jurídica municipal también ha declinado elaborar un informe, como pidió la alcaldesa María José Catalá, al estar el asunto judicializado.

Respecto a si asumirá los costes de defensa y representación como indemnización al concejal, la Asesoría responde: “Se acordará lo procedente en los términos del citado precepto”. El artículo al que hace referencia apunta que se abonarán en caso de que el procedimiento termine con “sentencia firme de sobreseimiento, o se archive de cualquier otra manera resultante íntegramente estimadas sus pretensiones con carácter de firmeza, o la persona interesada sea absuelta”, y siempre que se acredite que las pretensiones tienen que ver con el ejercicio de su cargo.

En la resolución, los servicios jurídicos expresan que “para conceder la asistencia jurídica se valorarán los intereses del solicitante en relación con el interés público municipal” y que no se podrá acceder “si existe colisión con la defensa de los derechos e intereses generales del Ayuntamiento, sin que en ningún caso pueden verse comprometidos los intereses del Ayuntamiento. Tampoco podrá llevarse a cabo si pueden verse comprometidos intereses contrapuestos entre autoridades o/y empleado”. Así, el consistorio descarta defender al edil en los tribunales, pese a que sí lo han hecho algunos concejales del equipo de gobierno. En el último pleno, el concejal de Policía, Jesús Carbonell, apuntó que el consistorio está del lado de la legalidad, lo que les llevaba a “apoyar a los concejales que, en el ejercicio de sus competencias, acceden a los locales, salvo que un juez diga lo contrario”.