Arreglar en vez de sustituir por uno nuevo: ¿sobre qué dispositivos garantiza la UE el derecho a reparar?

Arreglar en lugar de sustituir no es solo una consigna de activistas políticos. Es un derecho reconocido por el Parlamento Europeo desde 2024. En ese momento aseguraron que cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el consumidor podría exigir la reparación del dispositivo en lugar de reemplazarlo por uno nuevo. Uno de los motivos para mover ficha fueron los 62 millones de toneladas de basura electrónica que se generan al año según la ONU. Un millón de esos residuos se generan solo en España.

La norma busca garantizar a los consumidores que tengan acceso a piezas de recambio a un precio asequible y con poco tiempo de espera para que les compense más reparar sus electrodomésticos en lugar de comprar uno nuevo una vez que acabe la garantía hasta, por lo menos, diez años después de la fecha de compra. La intención es que el tiempo de reparación y su metodología no dependan únicamente de los fabricantes, sino que pueda gestionarse en talleres independientes. En España, existe un Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros que va en línea de las normas europeas.

Durante todo estos años, la UE ha aprobado varias normas clave, como la Directiva del Derecho a Reparar, los reglamentos de ecodiseño para hacer los dispositivos más sostenibles o la regulación de baterías. Eso sí, desde Right to Repair, una coalición de 180 organizaciones europeas que luchan en defensa de la reparación, siguen viendo estas medidas como algo “limitado y fragmentario”. Argumentan que la reparación solo está garantizada para unos pocos productos, que los fabricantes aún dificultan las reparaciones, que los índices de reparabilidad están incompletos, que durante la garantía reparar no es prioritario y que el precio de las piezas de recambio es un gran agujero negro: Bruselas obliga a informar sobre el precio de las piezas y a que sea “razonable”, pero esa razonabilidad no está especificada con exactitud.

El derecho a reparar aún no es universal: depende del producto que sea, cuándo se puso a la venta y qué normativa específica le aplica. La obsolescencia programada también juega un papel crucial: “Es donde se ve la calidad de los materiales, cada vez peor”, señala María Durán, responsable del área de Recursos Naturales y Residuos en Amigos de la Tierra. Es algo que, indica, se observa en productos como lavadoras, secadoras, cámaras de fotos, ordenadores, impresoras o en la ropa.

Pero la UE garantiza el derecho a reparar. Desde Right to Repair han realizado una tabla filtrando los tipos de dispositivos con la normativa europea y si las normas están ya en vigor, debatiéndose o no se ha contemplado en absoluto. “Todavía estamos en una fase inicial en cuanto a la aplicación de estas medidas, y tenemos previsto trabajar más a partir de ahora en el seguimiento de las mejoras reales en materia de reparabilidad”, señala Ugo Vallauri, del equipo de Right to Repair. Él ve clave el reglamento de baterías, que entrará en vigor a partir de febrero de 2027: “Tiene el potencial de generar un impacto amplio gracias a su gran ámbito de aplicación, ya que se extiende a todos los productos que incorporan una batería. Estamos trabajando para garantizar que las exenciones a su aplicación sean lo más limitadas posible”. 

Desde Right to Repair engloban diferentes grupos de dispositivos. En los que sí está regulado el derecho a la reparación se puede esperar una mayor disponibilidad de repuestos; más información técnica disponible online tanto para reparadores como consumidores y mejoras en la durabilidad y en el soporte del software para electrónica. Según la normativa de la UE, hay incentivos para optar por la reparación, como vales y fondos y las plataformas en línea ayudan a los consumidores a encontrar servicios de reparación de proximidad y tiendas con bienes reacondicionados. 

La aplicación en los grandes electrodomésticos

Las lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos y hornos están bien cubiertos por normas de ecodiseño. A partir del 31 de julio de este año se refuerza la disponibilidad de piezas, la obligación de reparación y se establecerán precios más justos, aunque no se especifican. Para Right to Repair, son los productos con mejor derecho a reparar hoy en día junto a los teléfonos móviles. Eso sí, no tienen ninguna etiqueta o índice de reparabilidad.

Dispositivos electrónicos 

Los smartphones y tabletas ya tienen reglas sobre baterías y reparabilidad y cuentan con la etiqueta de reparabilidad. A partir del 31 de julio se establecerán los precios razonables, se refuerzan piezas, se garantizará la reparación ofrecida por el fabricante y se prohibirán los bloqueos de software también en televisiones. El reemplazo de baterías llegará en 2027 para las videoconsolas, los auriculares, los altavoces o los relojes inteligentes. Los colectivos en defensa del derecho a reparar piden una mejora para los ordenadores, que por ahora solo han aprobado las baterías reguladas reemplazables el 18 de febrero de 2027.

Lo mismo sucede con las impresoras, que muchas veces bloquean tinta de marcas ajenas al fabricante. “Llevamos demasiado tiempo esperando una normativa de ecodiseño para ordenadores, impresoras. Estos expedientes han estado paralizados durante mucho tiempo, y consideramos urgente que se finalicen”, señalan al respecto desde Right to Repair.

Pequeños electrodomésticos

Aquí se encuentran las cafeteras, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, batidoras o tostadoras. Hay obligaciones que entran en vigor el 18 de febrero de 2027 como el cambio de baterías en cepillos y aspiradoras. Son los que menos coberturas tienen, pero es cierto que son los más fáciles de sustituir por precio y oferta.

Vehículos y movilidad

Las E-Bikes y los scooters mejorarán entre 2026 y 2027 en cuanto a reglas de baterías reemplazables, piezas y manuales. Además, se facilitarán las reparaciones en talleres especializados. Sin embargo, las bicicletas eléctricas y coches tienen muy poca regulación específica sobre reparación y aún no existe una norma clara. Los vehículos eléctricos ligeros empiezan a estar cubiertos; los coches, no tanto. 

En este sentido hay cierta polémica con empresas como Tesla. Sus baterías solo se pueden cambiar en talleres autorizados. En 2023 los clientes denunciaron a la empresa para evitar que solo los talleres oficiales realizaran las reparaciones. Una recomendación de Right to Repair al adquirir estos coches o bicicletas es verificar si las baterías son reemplazables con facilidad y durante cuántos años garantizan repuestos.

Otros productos

Aquí se engloban las herramientas de soldadura, equipos deportivos, juguetes, muebles, ropa… Su estado varía mucho. Algunas categorías como las herramientas eléctricas empiezan a recibir requisitos hacia 2027; otras como textiles, calzado o muebles, están menos reguladas en términos de reparación. El derecho a reparar está muy atrasado. “El fast fashion está abocando a un modelo de consumo de ropa de usar y tirar en el que las calidades son cada vez peores, incitando a un consumo desmesurado”, valora María Durán.

¿Sirve la norma realmente para cambiar algo?

Cambiar la batería estropeada de nuestros dispositivos puede alargar años su uso. Duplicar la vida útil de móviles y portátiles podría evitar hasta 28 millones de toneladas de CO₂ hasta el año 2040, según un informe del Instituto de Energía y Eficiencia de los Recursos de la Universidad de Zaragoza con Amigos de la Tierra. “El sector de la reparación en España aporta un gran valor ambiental, tanto por alargar la vida útil de los productos, como por el ahorro de materias primas, al no tener que comprar productos nuevos”, valora María Durán, quien organiza también junto a su asociación talleres para reparar dispositivos. Propone además reducir el 21% del IVA en las reparaciones al 10% para fomentar los cambios de consumo en la ciudadanía.

Desde Right to Repair buscan hacer la reparabilidad más horizontal: que los propios consumidores lo tengan más fácil. “Que abarquen una gama mucho más amplia de productos de consumo, desde electrodomésticos de cocina hasta equipos de audio. Solo alejándonos del enfoque por categorías individuales y abordando un abanico amplio de productos podremos acelerar la consecución de un derecho universal a la reparación”, declara Vallauri. 

Hay para quien el problema va más allá de poner parches. Ángel Zurdo, profesor de Sociología del Consumo en la UCM, habla de la insuficiencia de estas medidas por no considerarlas realmente intervencionistas. “Incluso si estas políticas regulatorias fueran iniciativas ambiciosas tendrían un impacto limitado con respecto a las dinámicas generales de obsolescencia en el consumo. El problema no es tanto la escasa reparabilidad de un iPhone sino la irrelevancia de la hipotética reparación en un sistema que exige el remplazo constante. Apple y el resto de marcas renuevan anualmente su oferta de móviles, esquema que hace totalmente intrascendente que el diseño de los nuevos dispositivos resulte ligeramente más eco-friendly”, concluye Zurdo. Para él, sin obsolescencia programada no existe la sociedad del consumo.