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Mayoría parlamentaria versus mayoría social

El líder del PP, Pablo Casado, durante una sesión plenaria en el Congreso
12 de noviembre de 2020 22:02 h

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La mayoría parlamentaria, cuando es de un solo partido, es siempre minoría social. En 1982 el PSOE, con Felipe González como candidato, obtuvo la mayoría parlamentaria más abultada de todas las conseguidas desde la entrada en vigor de la Constitución. 202 escaños. Sin embargo, en porcentaje del voto válidamente emitido sólo obtuvo el 48%. El 48% de los votos se tradujo en el 57% de los escaños.

Quiere decirse que incluso en un caso tan extremo como fue el del 82, precedido por la descomposición del PP y del PCE-PSUC y el intento de golpe de estado del teniente coronel Tejero, los votos válidamente emitidos a favor del PSOE fueron menos que los que votaron a las demás opciones políticas. Si a estas últimas sumamos la abstención, la condición de minoría social de una mayoría parlamentaria tan superabundante resulta todavía más llamativa. El 48% del voto válidamente emitido viene a ser el 35% del censo electoral. 

Las mayorías absolutas, especialmente cuando son de un solo partido, son traicioneras. Son mayorías internamente contradictorias. Son mayorías que no lo son. De ahí que tengan que ser manejadas con mucho cuidado, porque, de lo contrario, la resaca de la pérdida de la mayoría parlamentaria puede tener consecuencias catastróficas. La respuesta de la sociedad al “abuso” de la mayoría parlamentaria por el partido que ha dispuesto en solitaria de ella, no afecta solamente al gobierno que ha dispuesto de dicha mayoría absoluta, sino que suele extenderse a las siglas del partido que formó dicho gobierno. 

Es lo que le ha ocurrido al PP con los años de gobierno de Mariano Rajoy. El presidente “abusó” de la mayoría absoluta alcanzada en 2011 con una intensidad extraordinaria. Llegó incluso a un ejercicio presuntamente delictivo de la acción de gobierno, como vamos sabiendo poco a poco. Y de manera continuada. Aunque no creo que haya más operaciones comparables a la “Operación Kitchen”, pienso que esta no es la única operación presuntamente delictiva del gobierno presidido por Mariano Rajoy en la legislatura de 2011-2015.

La tendencia al abuso del poder se fue intensificando a lo largo de la legislatura, llegando a su máxima expresión después de las elecciones europeas de 2014, en las que ya se puso de manifiesto que el bipartidismo que había dominado el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución había tocado fondo. Mariano Rajoy sabía ya que no volvería a tener nunca mayoría absoluta y decidió abusar al máximo de la que tenía en lo que quedaba de legislatura. La “abdicación” del Rey fue su primera operación  y a continuación vino una “orgía legislativa reaccionaria” hasta la disolución de las Cortes en octubre de 2015: reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, reforma del Código Penal, aprobación de la “ley mordaza” e incluso la aprobación de unos quintos Presupuestos Generales del Estado en una legislatura de cuatro años. La enumeración es ejemplificativa.

Con ese ejercicio abusivo del poder, Mariano Rajoy achicharró las siglas del partido que había presidido y le había llevado a la presidencia del Gobierno. Desde que se hicieron públicos los resultados de las elecciones generales de diciembre de 2015 quedó claro que el PP había quedado en una situación en la que le iba a resultar imposible formar Gobierno. Y por bastante tiempo. 

No dio la apariencia de ser así entre 2016 y junio de 2018 porque el PP supo aprovechar el conflicto generado por el procés para erigir un cordón sanitario en torno al nacionalismo catalán, esterilizándolo parlamentariamente. El PP ya no disponía de ninguna mayoría parlamentaria de gobierno posible, pero sin el nacionalismo catalán no se podía constituir una mayoría alternativa. Cuando ese cordón sanitario se levantó el 1 de junio de 2018 con la aprobación de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, se hizo visible lo que estaba presente pero no podía manifestarse desde diciembre de 2015. 

El abuso de poder continuado durante cuatro años por el gobierno presidido por Mariano Rajoy cuya máxima expresión fue el intento de imponer una interpretación de la unidad constitucional de España que dejaba fuera de la misma a todo el que no coincidiera con ella, ha sido rechazado desde diciembre de 2015 de manera ininterrumpida por la sociedad española. Esa unidad de España es claramente minoritaria. No es posible con base en ella constituir gobierno en democracia. Es la unidad de la España de Franco, pero no la unidad de la España Constitucional. 

Y de esa unidad de España franquista es de la que el PP no puede desprenderse, porque no sabe como hacerlo, sobre todo desde la emergencia de Vox. El ejercicio abusivo del poder por el gobierno de Mariano Rajoy ha generado una oposición muy heterogénea, pero muy mayoritaria. Su heterogeneidad dificulta que el PSOE pueda constituir gobierno de manera estable. Pero su carácter mayoritario es tan rotundo que hace imposible que el PP pueda siquiera intentarlo con credibilidad. 

Esto es lo que ha evidenciado la votación de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 este jueves. El PSOE no lo va a tener fácil. Pero el PP lo tiene imposible. Y no por poco tiempo.

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