No habrá cambio... por ahora

Mientras se dilucida quién será el próximo presidente del Gobierno y cómo será ese Gobierno, lo que pocos se están planteando es el escenario del día después, es decir el cómo hará para gobernar quien resulte investido y qué capacidad tendrá para gestionar los deseos de cambio que plantearon, mayoritariamente, los ciudadanos el pasado 20 de diciembre.

Da la sensación, y puedo estar muy equivocado, que se ha transformado la investidura en un objetivo en sí mismo, en lugar de ser un paso hacia un gobierno que articule una determinada política y la lleve a cabo durante esta legislatura que ahora comienza.

Para investir a un presidente del Gobierno se necesita contar, en primera votación (ex artículo 99.3 de la Constitución), con una mayoría absoluta de los miembros del Congreso (176 diputados) que, a fecha actual, nadie tiene; en segunda votación necesitará, solamente, una mayoría simple (uno más que aquellos que se opongan a su elección) y de no conseguirse esos resultados se tramitarán, establece el mismo precepto, similares propuestas durante los dos meses siguientes.

Todo, y más, sobre lo relativo a la forma y posibilidades de formar Gobierno parece ya dicho, pero a mí me preocupa el día después.

Después de ser investido, quien sea, comienza lo auténticamente complejo si lo que se pretende, más allá de discursos absurdos, es gobernar y hacerlo por y para un cambio real, como prometen algunos sin decoro. Y me explicaré.

Los cambios que muchos estamos reclamando, y así se refleja en los resultados electorales del 20D, pasan necesariamente por una capacidad reforzada de legislar, es decir por la posibilidad real de aprobar leyes orgánicas y es ahí donde comienza el auténtico problema y por donde vendrán las frustraciones a las expectativas generadas de forma electoralista, triunfalista y falaz.

¿Por qué sostengo que los auténticos cambios solo pueden venir mediante la promulgación de leyes orgánicas? La respuesta es, al menos desde la perspectiva jurídica, muy sencilla y se encuentra en el artículo 81.1 de la Constitución: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”.

Es decir, solo mediante leyes orgánicas se puede cambiar el Código Penal, la LOMCE, la Ley Electoral, la llamada Ley Mordaza, los Estatutos de Autonomía, etc. Todas aquellas leyes que tan odiosas nos resultan a muchos y, en especial, a aquellos que hemos apostado por el cambio. Es que ni tan siquiera se podrá cambiar al director de Radio Televisión Española que, sin ser ley orgánica, requiere para su designación mayoría absoluta con lo que ello representa de cara a una información veraz y plural.

Por el contrario, sí se podrán aprobar los Presupuestos Generales del Estado pero no se podrá modificar la “Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ni el artículo 135 de la Constitución, con lo que nos quedamos como estábamos.

El Partido Popular lo sabía y era perfecto conocedor de que todo quedó “atado y bien atado”, y aprovechó su arrolladora mayoría absoluta para, a lo largo de la pasada legislatura, realizar aquellos cambios que les permitiesen configurar España a la medida de sus necesidades e ideología.

El PP sabía lo preceptuado en el artículo 81.2 de la Constitución: “La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto” y es lo que viene repitiendo Rajoy cuando, para despistar, afirma que “No podrán gobernar porque tenemos la mayoría en el Senado”. En realidad, el Senado nada pinta en esto pero sí la falta de mayoría absoluta en el Congreso.

Pero no solo lo sabe el PP y Rajoy, esto es también algo que saben o deberían saber Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando hablan de “gobierno de progreso” o “gobierno de cambio”, ambos se engañan o nos engañan o ambas cosas, que sería aún peor.

Es legalmente imposible hacer cambios, cambios reales, sin contar con una mayoría absoluta y, para ello, es evidente que se necesitan unas métricas políticas que, al menos por ahora, no parecen darse. Basta comprobar lo difícil, si no imposible, que será conseguir tal mayoría solo para investir al próximo presidente.

La cifra mágica para el cambio mes de 176 diputados y, con independencia de que se consiga esa cifra para investir a un presidente de Gobierno, no parece que sea factible alcanzarla para todas las reformas que se necesitan, esperan y prometen.

Es más que dudoso, si no imposible, que a lo largo de la próxima legislatura se logren concitar y sumar mayorías bastantes (176 diputados) para elaborar y aprobar textos legales realmente encaminados a generar un cambio como el exigido por una amplia mayoría de votantes.

Las negociaciones en marcha, mayor o menormente avanzadas, están encaminadas, única y exclusivamente, a alcanzar una mayoría simple para conseguir investir al candidato propuesto, incluso para gobernar pero no para adentrarse en un proceso de cambio como el que tan alegre e irresponsablemente se publicita.

Dicho todo esto, parece evidente que las expectativas que muchos depositamos en las urnas no se verán cumplidas en la presente legislatura, que la misma servirá para retoques cosméticos, reordenar el tablero electoral y, también, para frustrar y desmovilizar a aquella mayoría de ciudadanos que apostamos por ese cambio tan necesario.

Tal vez lo único para lo que realmente sirva investir a un nuevo presidente del Gobierno sea para sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa pero no podemos dejarnos engañar sobre algo tan esencial y relevante: esta será una legislatura para la frustración y así ha de asumirse trabajando para construir una base sólida que permita aunar fuerzas de cara a una futura contienda electoral.

Los “padres de la Constitución”, hijos putativos del franquismo, crearon un escenario constitucional de difícil aceptación en el actual momento histórico pero fueron muy conscientes de que así mandarían siempre los de siempre. En todo caso, el cambio real es posible pero no puede construirse desde premisas electoralistas ni sobre el engaño a la ciudadanía.

No nos dejemos engatusar, prometer cambios o llamarla “legislatura del cambio” no es más que un engaño inmerecido para una sociedad que mayoritariamente ha apostado por ello; cambiar este país es mucho más que cambiar de actores e implica, necesariamente, alcanzar, solos o en compañía de otros, la cifra mágica de 176 diputados y, por ello, hay que seguir trabajando desde la honestidad, la seriedad y la generosidad.

Entonces, los pasos a seguir parecen claros e inevitables: primero, ayudar a sustituir a Rajoy y, después, dedicar el tiempo que dure esta legislatura a construir una hegemonía que, en las siguientes elecciones, permita alcanzar esa cifra mágica que hará realidad el cambio que tantos pedimos.