La Generalitat asume la tutela del funcionamiento del hospital de Alzira
La Conselleria de Sanidad ha iniciado el proceso para recuperar el Hospital de Alzira y los centros de atención primaria de la zona para el sistema público valenciano, una vez finalice el periodo de concesión de la gestión a Ribera Salud el 1 de abril de 2018.
Para ello, ha remitido a la mencionada compañía dos resoluciones; la primera de las comunica la no renovación de la concesión argumentando, entre otras cuestiones, falta de control y múltiples litigios por presuntas irregularidades, mientras que la segunda recoge las normas por las que la Generalitat tutelará el rescate sanitario.
Entre estas normas, destaca que a partir del próximo 1 de abril del presente año hasta la misma fecha del año que viene, cuando el centro sanitario pase a manos públicas, “los cambios que se produzcan deberán contar con el informe favorable de la Dirección General”, tal y como reza el documento remitido a Ribera Salud.
Según se detalla, entre los cambios sujetos a la autorización de Sanidad, están los nombramientos o modificación del equipo directivo; cambios en las composiciones de las comisiones o comités clínicos; adquisiciones o transmisiones de bienes muebles, inmuebles o activos materiales; cambios retributivos del personal; modificaciones en políticas de personal y despidos o nuevas contrataciones.
Las normas del rescate prevén también que desde el 1 de abril de 2018 “el adjudicatario entregará el edificio, instalaciones y equipamiento en buen estado de conservación” pudiendo la Administración exigir su reparación o reposición si estuviera deteriorado.
Además, Ribera Salud deberá facilitar a la Conselleria toda la información que le requiera para asegurar una transición adecuada y se podrán crear grupos de trabajo bilaterales, en función de las necesidades para aclarar cuestiones y dudas que puedan surgir.
Otro de los requisitos que establece la normativa es que la entidad concesionaria, es decir, Ribera Salud, “deberá proveer un stock mínimo de productos sanitarios, no sanitarios y de medicamentos de al menos 30 días a partir del 1 de abril de 2018”.
