La Inspección de Trabajo obliga a la Diputación de Valencia a contratar a siete becarios que ejercían como técnicos

La Inspección de Trabajo ha convertido a siete becarios de la Diputación de Valencia en personal laboral, con su consiguiente alta en la Seguridad Social tras una denuncia de Comisiones Obreras. El sindicato puso en conocimiento del organismo un caso de “fraude de ley y abuso de derecho, con un supuesto de relación laboral encubierta” que afectaba a siete personas del Servicio de Comunicación y Relaciones Exteriores de la Diputación de Valencia.

La central sindical ha denunciado la “precarización del empleo” y ha emplazado a la corporación provincial “a solventar estas irregularidades en las becas presentes y futuras”. Estas personas desempeñaban las actividades propias del personal técnico de comunicación, “en una actividad laboral y no formativa”.

Por tanto, según CCOO PV, “a todos los efectos deben tener todos los derechos sobre el salario, jornada, permisos y vacaciones reconocidos a los trabajadores y a las trabajadoras de la corporación provincial”.

CCOO PV denunció a la autoridad laboral “este caso de precarización del empleo a través de un uso fraudulento de las becas, que se llegan a prolongar hasta un año o incluso 36 meses, sin límite de edad, un hecho intolerable en la administración pública”, afirma el sindicato.

Según CCOO PV, el informe de Inspección “ha sido concluyente y expone el cúmulo de irregularidades: no tienen programa formativo que prevea el seguimiento, supervisión o autorización de la práctica a desempeñar, con criterios de evaluación medibles”.

CCOO PV ha subrayado que el objeto de las prácticas no laborales “es la formación”, tal y como está difundiendo a través de su campaña informativa '¿Becas o trabajas?', para explicar las prácticas laborales y no laborales y detectar las diferencias entre las que son correctas y las que no.

Para la secretaria de Formación y Empleo, Ana García, “no se pueden permitir estos abusos a la juventud” y ha recalcado que se deben “poner los medios para que puedan obtener un empleo de calidad con derechos, acorde a su cualificación, y eso es potestad de los poderes públicos y no al contrario, que sean las propias administraciones las que utilicen de forma fraudulenta la figura de las prácticas o becas”.