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El Estado se "traga" otra vez los grandes eventos: el agujero de la vela de Camps lo asumirán el Tesoro Público y el ICO

El acuerdo político entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana supone asumir 370 millones en préstamos, intereses de demora y asunción de los pagos del Consorcio Valencia 2007

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la condonación de esta deuda al considerar que podría tratarse de una ayuda de Estado

El Gobierno asume la deuda generada por la reforma de la Marina de Valencia modernizada para la competición de veleros celebrada en 2007 como ya hizo con el coste de la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona

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El expresidente Camps con Mariano Rajoy y otros excargos del PP en un yate visitando la Copa América.

El expresidente Camps con Mariano Rajoy y otros excargos del PP en un yate visitando la Copa América.

El Tesorio Público y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) serán las dos instituciones del Estado que se hagan cargo del agujero de 454 millones de euros que provocaron las obras y la celebración de la Copa América de 2007 en Valencia. Un gran evento impulsado por el expresidente Francisco Camps y la fallecida Rita Barberá que el Gobierno valenciano del cambio -igual que para el anterior del PP- considera equivalente a las olimpiadas de Barcelona o la exposición universal de Sevilla, dos acontecimientos cuyo coste sí asumió el Estado. 

Este es el argumento que ha servido para reivindicar desde Valencia que el coste de la competición de vela y la modernización de la fachada marítima de la ciudad la debía haber asumido el Estado. "Como hizo con las Olimpiadas de Barcelona 92 o las exposiciones universales de Sevilla y Zaragoza", apuntan fuentes del Gobierno valenciano. Como en su día no se pagó la factura, once años después la deuda generada por el gran evento se la acabará "tragando" el Estado.

Los Gobiernos de Mariano Rajoy no quisieron hablar de asumir esta deuda que se fue posponiendo, convirtiéndose en una de las principales reivindicaciones de Valencia. La única propuesta de los populares fue convertir esta deuda en Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a lo que se negó la Generalitat porque implicaba convertirla en deuda autonómica.

Vista aérea de la Marina de Valencia

Vista aérea de la Marina de Valencia (antiguo puerto comercial) modernizada para la Copa de la América.

En el Ejecutivo de Ximo Puig están muy satisfechos con la condonación de esta deuda, que se consiguió gracias al apoyo del techo de gasto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un triunfo valenciano al estilo del nacionalismo vasco o catalán, vinculando apoyo político a beneficios económicos para los territorios. Así, el Consorcio Valencia 2007 que gestiona la Marina de Valencia se liberará de una deuda de 370 millones de euros y podrá afrontar con total garantías el futuro. 

Así, ya no habrá que devolver 223 millones de euros de préstamos del ICO y 123 millones de la deuda del consorcio que el Tesoro fue cubriendo cuando quebró la institución tripartita formada por el Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia. A este montante de 350 millones hay que sumarles otros 20 millones de euros de intereses de demora de los que también queda liberado el consorcio. 

En Compromís -el socio de gobierno de los socialistas- no les ha parecido un acuerdo suficiente porque querían que el Estado también asumiera la deuda privada de la Marina que el Banco Santader vendió a TCA ECDF Investments, un fondo norteamericano que reclama 58 millones más los intereses. Manuel Illueca considera que este préstamo lo tendrán que asumir el ayuntamiento, la Generalitat y el propio Estado, según la representación que tienen en el consorcio. 

Aunque el verdadero problema de este acuerdo entre Pedro Sánchez y Ximo Puig es la preocupación de la Comisión Europea por si la condonación de esta deuda pudiera ser una ayuda ilegal, como ha revelado valenciaplaza.com. El Ejecutivo ya ha contestado a Bruselas alegando que el Consorcio Valencia 2007 no es una empresa privada y que no estaría vulnerando las leyes de la competencia.

Estos 370 millones de euros son el primer punto del partido que la Generalitat quiere jugar con el Estado para que se acabe con la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana. Faltan todavía los más de 47.000 millones que debe la Generalitat, una parte muy importante al Estado en concepto de FLA.

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