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Los ayuntamientos valencianos también se rebelan contra Cristóbal Montoro

La FVMP denuncia el nuevo ataque de Hacienda, que no deja margen de reacción a los consistorios a los que se les exige el cierre de empresas públicas

El PSPV presentará una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que paralice la orden de cierre de las empresas públicas deficitarias

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, asegura que no existe "ningún agravio" a la Comunitat Valenciana y que los servicios públicos "no se tocan"

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, tras ser elegido presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias / @ruben_alfaro

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, tras ser elegido presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias / @ruben_alfaro

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha denunciado, una vez más, el "ataque" del Ministro de Hacienda y Administraciones públicas a los ayuntamientos valencianos, ya que consideran que tanto en el procedimiento empleado como el contenido del mismo suponen "un ataque directo al principio de autonomía local".

Así, insisten en que la comunicación del ministro Montoro no deja margen a los ayuntamientos afectados para reaccionar, ya que otorga un plazo de quince días y ordena el cierre de empresas públicas "sin contemplar cómo afecta a infraestructuras, personal y sobre todo a los servicios públicos de la ciudadanía". Desde la FVMP dudan que este requerimiento cumpla el principio de seguridad jurídica que debe regir toda actuación administrativa, ya que "deja en un escenario de indefensión a las entidades locales".

Además, el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, denuncia el trato empleado a los alcaldes: “Montoro ha demostrado una vez más el poco respeto que tiene a los ayuntamientos, anunciando apercibimientos y señalando denuncias ante la posible resistencia. Esta embestida de Montoro es una más que va en línea con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), atacar los servicios públicos y la administración local”. Al mismo tiempo, ha mostrado su enfado por no respetar la consulta con entidades como la FVMP, que preside y entiende que representa y defiende los intereses municipales.

El presidente de la FVMP asistirá este martes a la reunión que ha convocado el director de Administración Local para coordinar las acciones a realizar y estudiar los casos de los ayuntamientos afectados, según Alfaro “el objetivo es no abandonar a las entidades locales y decirle a Montoro que las cosas No se hacen así y la FVMP no va a permitir la indefensión de las y los alcaldes de la Comunitat”.

Paralización de la orden de cierre de empresas públicas

El portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que paralice la orden de cierre de las empresas públicas deficitarias hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la LRSAL que actualmente está recurrida. En esta línea ha lamentado que “de nuevo sea un gobierno en funciones el que tome decisiones tan graves y decisivas para el funcionamiento de los servicios básicos que los ayuntamientos ofrecen a los vecinos”.

Mata ha calificado al ministro Montoro “como el más abominable de los políticos españoles”. Así ha explicado que “es fuerte con los débiles y débil con los fuertes” y ha lamentado que “cuando Bruselas le aprieta a él por su malísima gestión al frente de las empresas públicas estatales, lo que hace él es ahogar a las pequeñas administraciones que cada día tienen relación con los vecinos”. “No se puede pretender asfixiar a aquellos municipios que cada día resuelven los problemas de sus vecinos con la excusa de que Bruselas está harto de nuestro déficit” ha reiterado Mata.

"No hay ningún agravio"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por su parte, ha asegurado que "no hay ningún agravio" a la Comunitat Valenciana, ya que se están enviando cartas localidades de todas España. Además, ha aclarado que la medida reclamada por el ejecutivo no afecta a la prestación de servicios públicos, que ha dicho "no se tocan". Así, ha puntualizado que la ley refleja que si hay empresas públicas con déficit se deben "sanear o extinguir" por la "sostenibilidad de las cuentas".

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